La reciente Operación Pandora ha sacudido al país, al destapar una red criminal dedicada al robo de municiones de la Policía Nacional. Pero más allá del ámbito de la seguridad y el crimen, el nombre de esta operación despierta una curiosidad histórica: ¿por qué se eligió “Pandora”? Para entenderlo, es necesario remontarse a la mitología griega, donde Pandora es una figura central en uno de los mitos más conocidos.
Pandora, en la mitología, es la primera mujer creada por Hefesto bajo las órdenes de Zeus, como parte de un castigo para la humanidad después de que Prometeo, desafiando a los dioses, les regalara el fuego a los seres humanos.
Según la leyenda, Pandora recibió una jarra, conocida más tarde como la “caja de Pandora”, que contenía todos los males que afligen al mundo, como la guerra, la enfermedad y el sufrimiento.
Al abrir la jarra, Pandora liberó estos males, pero dejó un último elemento: la esperanza, que permaneció dentro de la caja.
Este mito simboliza cómo una acción, aunque aparentemente inocente, puede desencadenar consecuencias negativas e imprevisibles, y es posible que esta metáfora se haya considerado al nombrar la operación que destapó una trama que afectaba la seguridad del país.
La conexión con la Operación Pandora
La elección del nombre “Pandora” para esta operación de seguridad no es fortuita. Tal como Pandora abrió la caja, la operación desveló una serie de sucesos ocultos relacionados con el robo y tráfico ilegal de municiones, un acto que pone en riesgo la seguridad nacional.
Al igual que el mito, el nombre “Pandora” hace referencia a la liberación de lo que estaba oculto y la consecuente exposición de una red criminal que operaba clandestinamente. De esta manera, la operación tiene como objetivo evitar que más “males” relacionados con el crimen organizado sigan afectando la sociedad.
La Operación Pandora también resalta el esfuerzo de las autoridades para poner fin a las actividades ilícitas que afectan la paz y la seguridad pública, haciendo hincapié en la importancia de la transparencia y la lucha contra el crimen. Así, la historia mitológica de Pandora adquiere una nueva dimensión, conectando el pasado y el presente en un contexto de justicia y protección para la ciudadanía.
Los perfiles de los funcionarios involucrados
1. Coronel Narciso Antonio Féliz Romero
El coronel Féliz Romero era el responsable de la custodia de las armas y municiones de la Policía Nacional. Como líder de la Intendencia de Armas, su labor implicaba supervisar y garantizar que todos los materiales bélicos estuvieran debidamente registrados, almacenados y conservados.
Según el Reglamento para el Registro, Almacenamiento y Conservación de Armas, su puesto le confería la responsabilidad de asegurar que las armas y municiones no se entregaran o facilitaran a personas ajenas a la institución, bajo pena de destitución y sanciones penales.
Sin embargo, su implicación en el robo y la venta ilegal de municiones pone en evidencia una flagrante violación de su juramento.
2. Capitán Nelson Valdez
El capitán Nelson Valdez estaba a cargo del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, lo que lo convirtió en uno de los actores clave en este robo. Según el reglamento, los encargados de los depósitos deben cumplir con estrictas medidas de seguridad. Esta seguridad debe tener como finalidad la garantía de que las armas y municiones se mantengan bajo estricta custodia.
El artículo 52 del reglamento establece que toda arma, munición o explosivo que ingrese a la Policía Nacional debe recibirse debidamente y depositarse bajo el control del intendente de armas. Valdez, al ser responsable del almacenamiento y la custodia de estas armas, violó gravemente estas normativas. El mismo permitio la sustracción y venta ilegal de miles de municiones.
3. Capitán y auditor Víctor Manuel Santos
El capitán y auditor Víctor Manuel Santos tenía como responsabilidad llevar a cabo auditorías regulares en la Intendencia de Armas para asegurar la correcta administración de las municiones y equipos.
Sin embargo, en lugar de cumplir con su rol de fiscalización, Santos alteró los resultados de muchas auditorías realizadas en la institución. La finalidad de este oscuro entramado se basaba en ocultar las irregularidades detectadas en el inventario de municiones.
Según el artículo 69 del reglamento, cualquier miembro de la Policía Nacional que comercialice o facilite armas o municiones fuera del marco legal está sujeto a sanciones penales.
Santos no solo participó en el encubrimiento del robo, sino que también intentó manipular los resultados de las auditorías. Esto lo hizo con la finalidad de ocultar las irregularidades a las autoridades.
4. Subintendente Juan Miguel Pérez Soler
El subintendente Pérez Soler estaba involucrado en la logística de distribución de las municiones robadas. En su rol como subordinado directo de los encargados de la custodia y el depósito, Pérez Soler tenía la responsabilidad de garantizar que las armas y municiones se entregaran de manera adecuada y bajo los protocolos de seguridad establecidos por el reglamento.
Su implicación en la red criminal y su participación en el comercio ilegal de municiones violaron las normas de asignación y distribución que la Policía Nacional tiene en vigor.
5. Segundo Teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio
Como armero de la Dirección Regional Cibao Central, Rodríguez Toribio estaba encargado de mantener y reparar las armas de la Policía Nacional. Sin embargo, su involucramiento en la red criminal ha puesto de manifiesto cómo los funcionarios encargados de la custodia y el mantenimiento de los armamentos pudieron manipular los registros de armas y municiones.
Según el artículo 16 del reglamento, el armero tiene la responsabilidad de verificar la capacidad técnica de los encargados de las armas. También el mismo tiene la responsabilidad de asegurar el manejo adecuado de estos recursos, lo cual el funcionario directamente vulnero en este caso.
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos.
Por ESTHER SANTOS
