Ministerio de Justicia instalará oficinas de derechos humanos en todas las cárceles del país
SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Justicia instalará oficinas de derechos humanos en todos los recintos penitenciarios de la República Dominicana, informó en exclusiva el titular de la institución, Antoliano Peralta, tras acoger una solicitud formulada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
La decisión surge a partir de una propuesta presentada por el director general del sistema, Roberto Santana, quien planteó la creación de una estructura formal dentro de cada cárcel para garantizar la supervisión permanente del respeto a los derechos fundamentales.
“Sí. Nosotros estamos de acuerdo con eso”, afirmó Peralta al referirse a la iniciativa.
Supervisión a internos y personal penitenciario
Santana explicó que el objetivo principal de estas oficinas será vigilar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, pero también del personal penitenciario, reconociendo que las vulneraciones pueden afectar a ambos sectores.
“Hay derechos humanos que tienen que ver con alimentación, derechos humanos del paciente”, sostuvo el funcionario.
Indicó que las violaciones pueden presentarse en aspectos como la alimentación, asistencia médica, visitas familiares o conyugales, así como en el traslado oportuno a audiencias judiciales.
“No llevar a un interno a su audiencia oportunamente es una violación a sus derechos”, agregó Peralta.
En ese sentido, Santana precisó que los traslados a tribunales ahora estarán bajo la responsabilidad directa del sistema del Ministerio de Justicia, lo que permitirá mayor eficiencia operativa. También reconoció que el sistema enfrenta desafíos logísticos y presupuestarios, especialmente en materia de alimentación y recursos básicos, que representan una parte significativa del presupuesto penitenciario.
Un antes y un después en el sistema penitenciario
Santana calificó la medida como un punto de inflexión en la reforma penitenciaria dominicana, al entender que fortalece el compromiso institucional del Estado con los derechos humanos.
“Este tema penitenciario, con esta nueva impronta del gobierno, le pone los pantalones largos al compromiso del Estado con los derechos humanos”, afirmó.
Recordó que históricamente han existido organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de derechos humanos, pero no una estructura oficial dentro del Poder Ejecutivo con capacidad de supervisión directa en las cárceles.
Según explicó, en el pasado intentó implementar comisiones similares a través de ONG en centros como La Victoria y la cárcel del 15 de Azua, pero esos esfuerzos no prosperaron por carecer de obligatoriedad institucional.
Con el nuevo esquema, las oficinas dependerán del Estado y contarán con capacidad de supervisión permanente, incluyendo la vigilancia del accionar del personal penitenciario.
Santana aseguró que esta iniciativa colocaría al país en una posición inédita en la región.
“Vamos a ser el único país que dentro de sus cárceles tiene una oficina de derechos humanos del gobierno para vigilar que se respeten los derechos humanos de los presos”, sostuvo.
Fin de la figura del preboste
Durante el conversatorio se abordó la permanencia de la figura del preboste, tradicionalmente asociada a abusos y prácticas irregulares dentro de los penales. Santana fue categórico al afirmar que esa práctica quedó eliminada con la reforma.
“Esa figura en la reforma feneció”, respondió.
Retorno institucional y nueva jerarquización
El director de Servicios Penitenciarios explicó que el traslado del sistema bajo la estructura del Ministerio de Justicia representa un retorno institucional, tras más de seis décadas en las que el sistema penitenciario operó bajo el Ministerio Público.
A su juicio, esa dualidad dificultó la consolidación de la reforma, debido a que la función persecutora del Ministerio Público no permitía atender con la debida prioridad la gestión cotidiana de los centros penitenciarios.
Ahora, señaló, el sistema ha sido rejerarquizado dentro del Poder Ejecutivo, otorgando a la Dirección de Servicios Penitenciarios autonomía funcional, jurídica, administrativa y financiera, con el propósito de garantizar mayor eficiencia y respeto a los derechos fundamentales en el ámbito carcelario.
