Políticas específicas para el uso de IA
Años atrás, las políticas de seguridad corporativas solían centrarse en los mismos temas: credenciales de acceso, contraseñas, uso de dispositivos USB, accesos remotos, clasificación de la información, phishing y ransomware. Hoy, cada vez más organizaciones incorporan políticas específicas para el uso de IA. Ante este escenario, ESET, compañía en detección proactiva de amenazas, analiza de qué manera las empresas están incorporando nuevas políticas que apuntan al uso de herramientas de inteligencia artificial, cuál es el desafío para aquellas organizaciones que pasaron de prohibirlas a gobernar su uso, qué regulaciones y estándares existen actualmente a nivel global, y a qué riesgos se exponen las que todavía no tienen políticas definidas. Según los datos que surgen del último ESET Security Report, el 39.7 % de las empresas promueve su uso bajo marcos internos, mientras que un 39.2 % todavía deja la decisión en manos de cada empleado sin una política definida. Además, el 17.8 % lo limita a determinados casos y sólo el 3.4 % de las organizaciones mantiene una prohibición total sobre estas herramientas.
Años atrás, las políticas de seguridad corporativas solían centrarse en los mismos temas: credenciales de acceso, contraseñas, uso de dispositivos USB, accesos remotos, clasificación de la información, phishing y ransomware. Hoy, cada vez más organizaciones incorporan políticas específicas para el uso de IA.
Ante este escenario, ESET, compañía en detección proactiva de amenazas, analiza de qué manera las empresas están incorporando nuevas políticas que apuntan al uso de herramientas de inteligencia artificial, cuál es el desafío para aquellas organizaciones que pasaron de prohibirlas a gobernar su uso, qué regulaciones y estándares existen actualmente a nivel global, y a qué riesgos se exponen las que todavía no tienen políticas definidas.
Según los datos que surgen del último ESET Security Report, el 39.7 % de las empresas promueve su uso bajo marcos internos, mientras que un 39.2 % todavía deja la decisión en manos de cada empleado sin una política definida. Además, el 17.8 % lo limita a determinados casos y sólo el 3.4 % de las organizaciones mantiene una prohibición total sobre estas herramientas.
