Carlos Gabriel cuestiona voto RD en ONU sobre aborto y advierte contradicción con el Código Penal
SANTO DOMINGO.– El diplomático y consultor político Carlos Gabriel García calificó como “inadmisible” la postura asumida por la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de aborto, al considerar que entra en abierta contradicción con el Código Penal recientemente promulgado y con la posición previamente fijada por el Poder Ejecutivo.
La reacción de García fue expresada a través de su cuenta en la red social X, donde acompañó su mensaje con la imagen de la portada de un periódico de circulación nacional cuyo titular principal señala: “RD vota en la ONU a favor del aborto pese prohibición del Código”. En su publicación, el analista subrayó que la política exterior del país es una atribución constitucional del presidente de la República, y no de instancias administrativas o diplomáticas actuando de manera autónoma.
“La política exterior del país la traza el presidente de la República, que ya fijó su posición con la promulgación del Código Penal. Una cosa era dejar a los legisladores oficialistas en libertad, porque se trataba de otro Poder del Estado, y otra el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente”, escribió García, en referencia directa al mandatario Luis Abinader.
Código Penal y aborto: el marco legal interno
El Código Penal dominicano, promulgado recientemente, mantiene la penalización del aborto, sin la inclusión de las conocidas “tres causales”, lo que reafirma una línea legal restrictiva en materia de interrupción del embarazo. Con esta promulgación, el Poder Ejecutivo dejó claramente establecida su postura jurídica y política sobre el tema, cerrando un prolongado debate legislativo que se extendió por varios años.
Desde el punto de vista del derecho interno, el Código Penal constituye una expresión formal de la voluntad del Estado dominicano, y su aplicación es de carácter obligatorio para todas las instituciones públicas, incluidas aquellas responsables de la representación internacional del país.
La postura ante la ONU y el señalamiento de contradicción
La controversia surge a raíz de la votación de la República Dominicana en un escenario multilateral, en la que el país habría respaldado una resolución vinculada a derechos reproductivos, interpretada por diversos sectores como favorable al aborto. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre la coherencia entre la política interna y la política exterior del Estado dominicano.
Para Carlos Gabriel García, esta aparente disonancia no es menor. A su juicio, mientras el Poder Legislativo pudo actuar con autonomía durante el proceso de discusión del Código Penal —en virtud de la separación de poderes—, el Poder Ejecutivo no puede sostener una posición internacional que contradiga una norma legal que él mismo promulgó.
Implicaciones políticas e institucionales
El planteamiento del diplomático pone sobre la mesa un debate de fondo sobre la unidad de criterio del Estado dominicano en los foros internacionales, así como sobre los mecanismos de coordinación entre la Presidencia de la República, la Cancillería y las misiones diplomáticas.
Analistas coinciden en que, más allá del contenido específico de la votación, el caso reabre la discusión sobre la necesidad de alinear la política exterior con el marco jurídico interno, especialmente en temas sensibles que generan profundas divisiones sociales, políticas y religiosas.
Un debate que trasciende la coyuntura
La crítica de Carlos Gabriel García se inscribe en un contexto más amplio de reflexión sobre el rol del Estado dominicano en los organismos internacionales y sobre los límites de la diplomacia frente a decisiones soberanas ya adoptadas en el plano nacional.
Mientras no se produzca una aclaración oficial que explique el alcance y el sentido del voto emitido por la República Dominicana en la ONU, el episodio continúa generando reacciones y alimentando el debate público sobre la coherencia, la institucionalidad y la conducción de la política exterior del país.
