Contraloría detecta irregularidades en contrato entre Dkolor e Intrant

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Sede del INTRANT, en Santo Domingo.

REDACCIÓN.- La Contraloría General de la República identificó graves irregularidades en el contrato entre la empresa Dkolor y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), revelando un esquema de corrupción que involucra pagos no registrados, contratos sin licitación pública y violaciones que configuran delitos penales.

Entre los hallazgos más significativos, la Contraloría detectó pagos realizados sobre la base de adendas y firmas de contratos que no fueron registrados ni notificados a las autoridades competentes. Además, se identificaron adjudicaciones de contratos sin la publicación de ofertas económicas, violando los procedimientos establecidos para la contratación pública.

La investigación reveló que hubo falta de conciliaciones bancarias para transparentar los cobros efectuados a través de la empresa Pago RD, vinculada a ejecutivos de Dkolor. Según el contrato, esta empresa debía entregar el 90% de lo recaudado al Estado, pero las autoridades determinaron que ocurrió lo inverso, quedando el Estado con apenas el 10% de los ingresos.

El contrato de Dkolor recibió tres adendas suscritas por pasados directivos del INTRANT sin ser aprobadas por el Consejo Directivo de la entidad. Cada modificación encareció significativamente el objeto del contrato, centrándose en el aumento de los costos operativos en detrimento del erario público.

Las autoridades estiman que las irregularidades representan aproximadamente 700 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano. La investigación evidenció que hubo «soborno, chantaje y lavado de activos» en la ejecución de este contrato.

El director del INTRANT, Milton Morrison, presentó una querella contra los ejecutivos de Dkolor por haber intentado sobornarlo para que se uniera a los presuntos actos de corrupción. Se espera que el Ministerio Público solicite a la Cámara de Cuentas una auditoría forense y realice su propia investigación para determinar si procede someter a la justicia a los ejecutivos involucrados.

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