Difamar no es comunicar
En estos tiempos posverdad no todo el que denuncia actúa con responsabilidad y no todo el que se presenta como perseguido es en realidad una víctima. El caso de Petromóvil-Jefte Ventura es una muestra fehaciente de esto.
Y es que en nombre de la libertad de expresión la sociedad no se puede tolerar el uso abusivo de redes sociales, plataformas y micrófonos para levantar campañas de descrédito contra personas y empresas sobre la base de afirmaciones no probadas, materiales distorsionados o acusaciones temerarias.
Eso no es periodismo ni tampoco denuncia. Eso es una forma de violencia reputacional que muy bien pudiese ser considerado como terrorismo mediático. Porque cuando se ensucia comercialmente a una empresa, cuando se siembran dudas sobre su credibilidad y cuando se insiste durante meses en una narrativa lesiva, el daño golpea empleos, afecta inversiones, hiere honras y erosiona la confianza de todo un sector.
Petromóvil, con más de 30 años de trayectoria sin manchas, ha hecho lo correcto. Acudió a la justicia, presentó su caso y dejó que fueran las instituciones las que actuaran. Ese comportamiento merece respaldo, sobretodo en una época donde se confunde libertad con impunidad, virulencia con valentía y escándalo con verdad.
La democracia protege la libre expresión, pero no protege la mentira deliberada, la manipulación, la extorsión ni el linchamiento mediático disfrazado de fiscalización. Por eso este caso debe servir de precedente moral y jurídico.
