El MAPRE debe detenerla
Nadie discute que las alcaldías necesitan más camiones compactadores para enfrentar con mayor eficiencia la recogida de desechos sólidos. Lo que sí merece discusión es la forma en que la que el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) ha estructurado el proceso para adquirir 100 unidades por 750 millones de pesos.
El problema de la licitación MAPRE-CCC-SI-2026-0001 no está en el objetivo sino en el pliego. Porque cuando un proceso se organiza en un solo ítem de 100 camiones; prohíbe ofertas parciales, exige disponibilidad inmediata del 70% de las unidades y, además, impone la entrega de 70 vehículos en apenas cinco días calendario, lo que se proyecta no es apertura sino una peligrosa restricción de la competencia.
Varias empresas oferentes han advertido que el llamado no parece medir únicamente la capacidad de cumplimiento sino la intención de privilegiar a quien ya tenga un inventario masivo previamente colocado y cerrar el paso a otros suplidores que podrían cumplir mediante órdenes de fábrica, cronogramas verificables, así como respaldo financiero y logístico suficiente.
La contratación pública no puede diseñarse con condiciones que, en los hechos, generen direccionamiento. La propia ley exige igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y libre competencia. Y si un pliego provoca sospechas fundadas de exclusión, lo correcto no es forzarlo sino revisarlo.
El MAPRE todavía está a tiempo de actuar con sensatez institucional y suspender el proceso, reformular el pliego de condiciones y relanzarlo con reglas objetivas, plazos realistas y garantías de calidad y postventa. Por tanto, detener ahora no sería una debilidad sino una responsabilidad de protección a la legalidad, la transparencia y el interés público.
