Estado demanda RD$50 mil millones a exfuncionarios y empresarios por corrupción en sector eléctrico
SANTO DOMINGO.– El Estado dominicano, junto a las distribuidoras de electricidad EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, presentó una querella penal millonaria contra exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y un grupo de empresarios, a quienes acusa de montar un entramado de corrupción que desvió fondos por más de ocho años mediante contratos fraudulentos y sobrevalorados.
La acción judicial, depositada ante el Ministerio Público y firmada por el abogado Andrés Astacio Polanco, reclama una indemnización de RD$50,000 millones como reparación de los daños y perjuicios ocasionados al erario.
Los señalados
Entre los principales acusados figuran los exfuncionarios Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez y Julio César Correa, junto a los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra, así como Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y otros vinculados.
De acuerdo con la querella, los imputados favorecieron a más de veinte empresas en complicidad con comités de compras, mediante procesos amañados y contratos que violaban la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre los años 2012 y 2020.
Lo que pide el Estado
El documento solicita al Ministerio Público:
- Admitir la querella y abrir una investigación penal.
- Imponer medidas de coerción, incluidas prisiones preventivas y embargos.
- Declarar la nulidad de los contratos fraudulentos.
- Procesar a los imputados por estafa agravada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos.
- Reconocer al Estado y a las distribuidoras como actores civiles, con una demanda de RD$50 mil millones en indemnización provisional.
Impacto económico y social
El expediente detalla que el esquema de corrupción ocasionó pérdidas multimillonarias al desviar fondos destinados a la compra de equipos, la expansión de redes eléctricas y la mejora del servicio.
Como consecuencia:
- Proyectos quedaron inconclusos o nunca se ejecutaron.
- Aumentó la dependencia del subsidio eléctrico, incrementando la carga sobre el presupuesto nacional.
- Comunidades enteras quedaron sin acceso a obras prometidas.
Además del impacto financiero, la querella resalta el deterioro de la confianza pública en las instituciones del sector eléctrico.
El equipo legal
La querella, presentada el 14 de junio de 2021, fue elaborada por los abogados Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo instrucciones del Poder Ejecutivo.
