SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo de la Unidad Evangélica (CODUE), pastor Feliciano Lacen Custodio, respaldó la repatriaciones de haitianos indocumentados, «siempre y cuando se hagan respetando la dignidad de esas personas».
Asimismo, exigió un mayor control en la frontera. «Es un deber del Estado dominicano mantener la frontera segura y no permitir una inmigración desbordante», expresó.
«República Dominicana no puede cargar con la crisis haitiana, porque todavía tiene problemas de varias décadas que no ha podido resolver», subrayó.
AYUDAR HAITIANOS, PERO EN SU TERRITORIO
Aclaró que “tenemos que ser canal para ayudar a Haití, pero en su país. República Dominicana no tiene respuesta para ese problema haitiano, porque tampoco la tenemos para los dominicanos, nosotros tenemos deudas atrasadas por más de 40 años, si cargamos la problemática de la vecina nación, entonces seremos un Estado fallido».
«A lo que debemos aspirar es a que los haitianos logren su desarrollo, como lo estamos logrando nosotros”, afirmó.
ARQUIDIOCESIS DE SD
Lacen Custodio también criticó la petición de la Arquidiócesis de Santo Domingo y otras organizaciones eclesiásticas para que el Gobierno suspenda las repatriaciones mientras persista la situación de violencia en Haití.
Dijo que «las repatriaciones deben continuar, pero cumpliendo lo que establecen las leyes y la Constitución de la República, y respetando la dignidad humana de esas personas».
CON DIGNIDAD
“Obviamente, el Estado tiene que regular esa parte y hacerlo con dignidad, tiene que deportarlos porque están indocumentados, pero hacerlo con dignidad y rostro humano, deben ser respetuosos», declaró el líder religioso en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.
Explicó que «la violencia en Haití solo está concentrada en Puerto Príncipe. La comunidad internacional dispone de territorio en la vecina nación para ubicar a las personas que puedan ser blanco de ataques de bandas criminales hasta que una fuerza internacional pueda reinstaurar el orden público».
