La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) debe dar una respuesta a la solicitud de investigación que por alegados actos de corrupción en la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro, provincia La Altagracia, le hiciera la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) hace ya casi un año.
La semana pasada la CAE solicitó formalmente a la PEPCA una respuesta sobre el estatus de dos expedientes depositados en contra de 17 exfuncionarios de la pasada administración a quienes acusa de cometer una serie de irregularidades que contravienen las leyes de Compras y Contrataciones Públicas y de Alianzas Público Privadas para la adjudicación del referido aeródromo en beneficio de un grupo económico.
A la instancia de investigación por delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución, otorgamiento grado a grado y otros ilícitos sancionados por el Código Penal, se ha sumado la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) que considera como muy sospechoso que se hayan otorgado los permisos de operación de este aeropuerto en un tiempo récord y sin los estudios técnicos correspondientes, por lo que exigen una rápida y profunda respuesta investigativa.
La mayoría de la gente tiene una valoración positiva de la PEPCA. La ven como una expresión de Ministerio Público independiente y encuentran acertada la lucha que libran contra la corrupción y su deseo de castigar a los corruptos, por tanto no hay razón para que esa imagen se deteriore con la dilación inaceptable frente a una denuncia grave, que definitivamente merece ser investigada.
