Nicaragua en encrucijada, entre la abstención y el miedo de Ortega
Nicaragua está a las puertas de una jornada electoral que se celebrará el próximo 7 de noviembre en medio del llamamiento de la oposición a la abstención para evitar otros temidos cinco años del presidente, Daniel Ortega, en el poder, y las denuncias de un entorpecimiento de representación real que ha dejado a decenas de precandidatos encarcelados.
La premisa es que «si Ortega le ha quitado el derecho a la ciudadanía a ejercer su derecho, a elegir quiénes van a ser sus autoridades, el pueblo tiene el derecho de abstenerse de llevar a cabo su voto, sobre todo porque todo el sistema está viciado», ha denunciado en una entrevista con Europa Press Alexa Zamora, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la formación que se perfilaba como principal oponente al oficialismo antes de que su aspirante fuera encarcelado.
Pero no solo esto, sino que «la simple asistencia de un ciudadano incluso a ejercer su voto nulo puede ser manipulada por los operadores del régimen en las juntas receptoras de votos para consolidar y respaldar los resultados que Ortega ya tiene listos», ha alertado Zamora, algo que ha venido denunciado la oposición en los últimos meses ante lo que se considera un resultado ya predeterminado.
En este sentido, «el miedo de Ortega es perder el poder por la vía electoral si hubiese condiciones mínimas de libertad para el ejercicio de la voluntad ciudadana en los comicios», por lo que el ahora presidente se ha asegurado de «ya tener los resultados y alzarse el 7 de septiembre como presunto ganador», ha criticado, a su vez, Héctor Mairena, portavoz de la formación Unión Democrática Renovadora – UNAMOS.
En concreto, Ortega «se convenció desde finales del año pasado, que cualquier posibilidad electoral iba a ser aprovechada por la población nicaragüense para liberarse del orteguismo», por lo que decidió «aniquilar la posibilidad de que esas elecciones fuesen libres», ya que «la existencia de condiciones mínimas significaría su derrota electoral por la vía cívica».
Para garantizar su victoria, ha denunciado Mairena, Ortega ha impulsado la aprobación de varias legislaciones «represivas», como la ley de delito informático o la ley de agentes extranjeros, así como una reforma electoral, «contraria a lo que la población ha venido demandando en los últimos años» y que impide «elecciones libres, transparentes, inclusivas y observadas en Nicaragua», como ha venido pidiendo la comunidad internacional.
