Nueva Ley de Contrataciones entra en vigor y castiga con prisión a funcionarios que negocien con el Estado
SANTO DOMINGO.– A partir de este miércoles entra oficialmente en vigencia la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una normativa que sustituye por completo la legislación de Compras y Contrataciones del año 2006 y marca un endurecimiento histórico del régimen sancionador, al establecer penas de prisión para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en prácticas corruptas al negociar con el Estado.
La ley fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader, tras más de 180 días de vacatio legis, período destinado a la adecuación institucional. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que el reglamento de aplicación será publicado este martes, completando así el marco normativo para su implementación.
Régimen penal contra la corrupción
La reforma legal, estudiada en el Congreso Nacional desde 2021, introduce por primera vez un título penal específico para la contratación pública. Entre sus disposiciones más relevantes, el artículo 234 establece penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien o se beneficien de contratos con el Estado, conducta que anteriormente solo conllevaba sanciones administrativas.
Asimismo, la normativa endurece las consecuencias para el sector privado, al imponer hasta 10 años de cárcel a empresarios o contratistas que ofrezcan sobornos para obtener obras, servicios o suministros públicos, así como sanciones para quienes falseen información, incurran en tráfico de influencias o participen en contrataciones prohibidas.
Fin de la impunidad administrativa
La nueva ley deroga el marco legal de 2006, el cual, aunque prohibía a los funcionarios contratar con el Estado, no contemplaba sanciones penales, limitándose a medidas administrativas como la inhabilitación y remitiendo las consecuencias penales a otras legislaciones. Con la nueva normativa, la responsabilidad penal queda claramente tipificada dentro del propio sistema de contrataciones.
Compras centralizadas y control reforzado
Entre las innovaciones estructurales, la ley dispone que las instituciones públicas deberán adquirir bienes y servicios a través de la Tienda Virtual, una plataforma oficial en línea, siempre que los productos estén disponibles en ese mecanismo. Solo podrán recurrir a otros proveedores si demuestran mejores condiciones y cuentan con la autorización previa de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La normativa también prohíbe la fragmentación de contrataciones con el fin de evadir los controles legales o los umbrales que obligan a realizar licitaciones. En ese sentido, se establece que no podrán realizarse contrataciones separadas dentro de un período de tres meses cuando se trate del mismo tipo de bien o servicio.
Uso obligatorio del sistema electrónico
Otro eje central de la reforma es la institucionalización obligatoria del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, donde deberán registrarse todas las etapas del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre contractual. Cualquier contratación realizada fuera del sistema carecerá de validez legal y podrá ser objeto de sanciones.
Prioridad presidencial y consenso político
La aprobación de la nueva ley respondió a una prioridad del presidente Luis Abinader, quien en noviembre de 2024 solicitó al Congreso agilizar su conocimiento. Aunque la iniciativa permaneció varios meses estancada en la Cámara de Diputados por objeciones de distintos sectores, finalmente fue consensuada y aprobada por ambas cámaras, permitiendo su promulgación y entrada en vigencia.
Con esta legislación, el país avanza hacia un sistema de contrataciones más transparente, moderno y sancionador, orientado a cerrar espacios a la corrupción y a fortalecer la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos.
