Operación Nido: 30 personas más se querellan contra implicados; total asciende a 117

Al menos 30 personas nuevas presentaron este sábado su querella formal contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados tras supuestamente estar dentro de las víctimas que resultaron afectadas por la venta engañosa de inmuebles.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción celebrada este sábado, se aplazó para el próximo martes a las 9:00 de la mañana.
El procurador Andrés Mena indicó que con esta nueva fecha de audiencia, los abogados podrán evaluar el documento y también habrá oportunidad para que los nuevos querellantes sean notificados a las defensas técnicas.
La audiencia contra los imputados fue conocida por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien agregó que en la nueva fecha pautada se conocerá la medida, según afirmó uno de los abogados de los querellantes.
A su salida de la audiencia, el abogado Eli Sepulveda, quien representa a varias de las víctimas, se quejó de que la imputada Escarlet Mercedes Cruz no esté en prisión debido a que se encuentra lactando. Precisó que una de sus clientes estaba lactando al momento de que se enteró que fue estafada, por lo que entiende no es una justificación.
Considera que el caso amerita «bastante gravedad» por lo que espera una prisión preventiva para todos los involucrados.
El Ministerio Público estableció que la estafa realizada por la red desmantelada mediante la denominada Operación Nido, asciende a más de 700 millones de pesos.
En la solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor aseguró que solo en entidades financieras, los miembros de la estructura captaron 485,619,386.90 pesos. Agrega, además, que muchos clientes pagaban en efectivo.
Advierten sobre otras constructoras
En tal sentido, el jurista Jean Cristófel Pérez, sostuvo que al igual que este caso, hay otras empresas constructoras en República Dominicana que estafan a personas que persiguen el sueño de comprar sus viviendas.
Advirtió que muchas de estas constructoras tienen el mismo método de estafa en inmuebles valiéndose de la «fragilidad» que tiene la justicia penal dominicana, ya que el delito de estafa son apenas dos años de prisión.
