Orden federal obliga a California a revocar 17,000 licencias comerciales a inmigrantes
Sean P. Duffy, secretario de Transporte de EE.UU.
LOS ÁNGELES.– El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) deberá revocar alrededor de 17,000 licencias comerciales (CDL) otorgadas a conductores inmigrantes que no poseen estatus de residencia permanente en Estados Unidos, según informó este jueves el Departamento de Transporte federal.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, aprovechó el anuncio para arremeter contra el gobernador Gavin Newsom, acusándolo de permitir la emisión de licencias comerciales a personas indocumentadas.
“Esto es solo la punta del iceberg. Mi equipo seguirá presionando a California para demostrar que ha retirado de las carreteras a todos los inmigrantes indocumentados que operan camiones y autobuses escolares”, señaló Duffy en un comunicado oficial.
California rechaza las acusaciones
El gobierno estatal respondió que todas las licencias fueron entregadas a inmigrantes con permisos de trabajo válidos, emitidos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), y aseguró que se ha cumplido con cada requisito federal vigente.
La tensión entre la administración Trump y California se intensificó tras varios accidentes mortales protagonizados por conductores con permisos laborales, señalados como “ilegales” por Washington.
Entre ellos, Duffy destacó el caso de Harjinder Singh, originario de India, detenido tras un accidente en Florida el 12 de agosto, cuando realizó un giro prohibido que provocó tres muertes. California subrayó que Singh sí contaba con un permiso laboral federal.
Auditoría federal y sanciones previas
La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ordenó una auditoría exhaustiva de todas las licencias comerciales emitidas a no residentes, con el objetivo de verificar que se revoquen aquellas consideradas “irregulares” y corregir fallas en el proceso estatal.
En octubre, el Departamento de Transporte ya había congelado más de 40 millones de dólares en fondos para California, alegando incumplimiento de los estándares de inglés exigidos para operadores de vehículos comerciales bajo la normativa federal.
