Presidente Abinader promulga ley de reforma del Código Procesal Penal y transforma el modelo de justicia
Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 97-25, que reforma de manera integral el Código Procesal Penal (CPP), en cumplimiento de la Sentencia TC 0765-24 del Tribunal Constitucional, que ordenó sustituir la Ley 10-15.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que esta modificación representa “un avance trascendental” para la justicia penal dominicana, al adecuar la normativa a los principios democráticos y a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional durante los últimos años.
Peralta explicó que la nueva legislación moderniza el sistema procesal, fortalece los 28 principios que rigen el proceso penal y consolida un modelo más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.
La ley será publicada este lunes en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia el martes en el Distrito Nacional, y el miércoles en el resto del país.
Justicia restaurativa, acuerdos y procedimientos abreviados
Entre los cambios más relevantes, la reforma amplía los mecanismos alternos de resolución de conflictos, incorporando justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliación, procedimientos abreviados y suspensión condicional del proceso. Este último podrá aplicarse ahora en infracciones sancionadas con hasta cinco años de prisión.
Asimismo, se refuerza el derecho de defensa y las garantías fundamentales: se eleva el estándar de protección de la presunción de inocencia, se asegura asistencia técnica especializada para personas vulnerables y se introduce el principio de favorabilidad procesal para evitar decisiones desproporcionadas.
Más garantías desde el inicio de la investigación
El consultor jurídico destacó que los derechos del investigado se activan desde los primeros actos del proceso, como la citación o la inmovilización de fondos. Además, se amplía el plazo para que la defensa presente escritos y se otorgan mayores oportunidades para solicitar contraperitajes.
La reforma también establece límites de dos años para los archivos provisionales, que antes carecían de plazos definidos.
Coerción más estricta y límites al tiempo del proceso
En el régimen de medidas de coerción se fijan reglas más claras sobre arrestos y órdenes de comparecencia, junto a un control judicial más riguroso durante las revisiones obligatorias.
Se introduce, además, el criterio de “plazo razonable”, fijando límites máximos de cuatro años para procesos ordinarios y cinco para casos complejos.
Otro cambio relevante es la eliminación del “nuevo juicio” en apelación, permitiendo que las cortes instruyan y decidan conforme a las reglas del proceso, garantizando así un doble grado de jurisdicción real y eficaz.
Alineación con el nuevo Código Penal
Peralta señaló que la reforma armoniza el CPP con el nuevo Código Penal, adaptándose a la nueva clasificación de infracciones y fortaleciendo la coherencia del sistema jurídico.
El funcionario destacó que la elaboración de la ley fue producto de extensas jornadas de trabajo que involucraron al Congreso Nacional, al Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y diversos sectores de la comunidad jurídica.
Un paso decisivo en la modernización del sistema de justicia
Con esta transformación —que se suma a la Ley de Extinción de Dominio, el nuevo Código Penal y otras iniciativas recientes—, Peralta aseguró que la República Dominicana avanza hacia un sistema penal “más humano, moderno, eficaz y orientado a la resolución real de los conflictos”.
