Rabia social
La agresión sufrida por una joven de 21 años en Villa González —drogada, violada por seis hombres y posteriormente revictimizada con la difusión del video en redes sociales— constituye un episodio de brutalidad que evidencia la degradación de la sociedad y reta a sus instituciones.
Y es que lo perpetrado fue la expresión extrema de una cultura de violencia, impunidad y machismo que exige respuestas urgentes y ejemplares.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para los acusados, mientras se persigue a un prófugo y se investiga a quienes propagaron las imágenes. Diligencias que deben traducirse en condenas ejemplarizadoras que envíen el mensaje de que República Dominicana no tolerará la degradación de la dignidad humana ni la violencia sexual en ninguna de sus formas.
Sin embargo, la acción judicial, aunque necesaria, resultaría insuficiente si no se acompaña de políticas públicas más robustas. Urgen programas de prevención, campañas educativas sostenidas y protocolos de atención integral a las víctimas que eviten la revictimización y promuevan una cultura de respeto, porque la justicia no debe limitarse solo a castigar, sino también a prevenir y transformar.
La rabia social de quienes exigen justicia -incluso al margen de la justicia- es comprensible. Pero para que esto no se diluya en la memoria colectiva aquí debe haber un compromiso público que exija instituciones más firmes, leyes más efectivas y una educación que erradique de raíz las prácticas que normalizan la violencia contra la mujer.
La dignidad de una nación se mide en cómo protege a los más vulnerables y en Villa González no solo se violentó a una joven, se puso a prueba la capacidad de nuestro Estado y de la sociedad de decir, con hechos y no con palabras, ¡nunca más!
