Proveniente del verbo imponer, sobretodo en materia tributaria, la palabra impuestos nunca ha resultado agradable y muy pocos vocablos acumulan más tasa de rechazo que este. Sin embargo, a veces la realidad obliga a tener que aceptarlos cual medicina amarga, pero necesaria.
La reforma fiscal presentada la víspera por el presidente Luis Abinader no obedece a un capricho sino a una necesidad de adecuación a las finanzas públicas que surge de un mandato de la Ley 1-12 (Estrategia Nacional de Desarrollo 2030), que en su artículo 36 la establece de forma taxativa.
Tratada con parches coyunturales, para nadie es un secreto que nuestra realidad impositiva es deficitaria, distorsionada y desigual, por lo que se hace obligatorio una modificación integral que no solo aporte los recursos para cumplir con los objetivos de desarrollo, sino que equilibre y ponga orden a una serie de exenciones y privilegios injustos.
Por tanto, la propuesta presentada por Abinader constituye un loable ejercicio de responsabilidad política. En ese tenor vale destacar que tanto la Ley 1-12 como su reglamento de aplicación (Decreto 134-14) se produjeron en momentos en que la hoy oposición política estaba unida y en el poder.
Sin embargo, tuvo que ser 12 años de inercia de después que un presidente diferente al grupo que estableció la iniciativa –pero que no la cumplió- quien tome el toro por los cuernos para resolver este espinoso pero necesario tema.
Así las cosas, la reforma fiscal, que como propuesta y aprovechando que tenemos un presidente que escucha y es propenso a las sugerencias, pudiera tener posibilidades de mejora, es una muestra de valentía y de compromiso con el futuro.
