Someten proyecto para impedir que personas vinculadas a actividades ilícitas financien o participen en política

SANTO DOMINGO.– El ministro de la Presidencia y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, sometió este miércoles ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca impedir que personas vinculadas a actividades ilícitas puedan financiar o participar en organizaciones políticas del país.

La iniciativa propone modificar la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con el objetivo de fortalecer los controles sobre el financiamiento de la política y evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

De acuerdo a la que establece la propuesta legislativa, se crearán mecanismos más rigurosos que permitan verificar el origen de los fondos que reciben los partidos, así como mayores restricciones para que personas vinculadas a delitos como narcotráfico, lavado de activos u otras actividades ilícitas puedan realizar aportes económicos o aspirar a cargos de elección popular a través de las organizaciones políticas.

Paliza subrayó que la iniciativa también contempla sanciones más severas para los partidos o dirigentes que permitan o faciliten la entrada de recursos provenientes de actividades ilegales, como parte de un esfuerzo por transparentar el sistema político y fortalecer la institucionalidad democrática.

«La democracia debe ser un muro frente al crimen y ese muro se construye con reglas claras, controles efectivos y voluntad política. Creemos que la mejor respuesta ante cualquier señalamiento no es la retórica, sino la acción», resaltó el funcionario.

Asimismo, manifestó que con la modalidad de la Ley 33-18 se le darán mayores herramientas de fiscalización y control a la Junta Central Electoral (JCE), como entidad responsable de la organización de los procesos electorales en el país.

Con esta propuesta que fue recibida por los presidentes del Senado Ricardo de los Santos y de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, se busca garantizar que el financiamiento de la política en la República Dominicana provenga de fuentes legítimas y que las organizaciones partidarias operen bajo principios de legalidad y transparencia.

El proyecto deberá ser estudiado por las comisiones correspondientes en el Congreso Nacional antes de su eventual aprobación y promulgación.