Independientemente a la reducción de la matrícula de diputados, la unificación de las elecciones, la reconfiguración del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la Oficina del Abogado General de la Administración Pública y el nuevo mecanismo para seleccionar al Procurador General, el verdadero legado de la nueva Constitución es la barrera que le adiciona a la reelección presidencial.
Y es que contrario a lo que ha sido la constante en las 40 modificaciones realizadas a la Carta Magna en 180 años, el presidente Luis Abinader -teniendo las matemáticas legislativas para hacerlo- en una acción noble y desinteresada, no impulsó ningún cambio para su beneficio personal ni para su grupo político.
Al margen de las variaciones realizadas y que en el fondo son acciones de fortalecimiento a la Constitución del 2010, para nadie es un secreto que Abinader pudo perfectamente utilizar su mayoría congresual para eliminar el impedimento existente a una tercera postulación y poder presentarse ya sea ahora o después, pero en cambio, prefirió subir mucho más la vara.
Un endurecimiento con el que también se le da un respaldo a la juventud y al liderazgo de todos los partidos porque siempre va a ser muy difícil en cualquier organización disputarle una candidatura a cualquiera que ya haya sido presidente.
A diferencia del modelo norteamericano, donde lo que se contabiliza para la eliminación es haber ejercido dos periodos y por lo que si un mandatario que intenta reelegirse pierde puede volver a aspirar (caso Donald Trump), en el nuestro la penalidad es para el segundo intento o sea, que si un gobernante se repostula y fracasa ya quedaría inhabilitado de por vida.
