Suprema Corte ratifica condena de cinco años de prisión contra exdiputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.– La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó este viernes la condena a la exdiputada por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, tras hallarla culpable de lavado de activos por más de RD$2,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
El alto tribunal rechazó el recurso de revisión presentado por la excongresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) contra la sentencia penal SCJ-SS-24-0592, que ya la había declarado culpable. La decisión fue adoptada por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez (presidente) y Francisco Ortega Polanco.
La sentencia establece que Pilarte deberá cumplir su condena en la cárcel de Rafey Mujeres, en Santiago.
Pilarte fue condenada en 2024 a cinco años de prisión por lavado de activos, además del decomiso de 13 bienes inmuebles adquiridos con fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.
“Me acusan de lo que no es”
En sus últimas palabras ante el tribunal, Pilarte defendió su inocencia: “Siempre he sido una señora seria. Me están acusando por lo que no es. Nadie puede pisarme el ruedo, y si quieren comprobarlo, que vayan a la Iglesia de La Vega, donde me congrego”.
También afirmó que esperaba que “la verdad saliera a la luz” y sostuvo que nunca ha tenido motivos para avergonzarse.
Una red familiar vinculada al narcotráfico
El Ministerio Público acusó a Pilarte de integrar junto a su esposo, Miguel Arturo López (Miky), una red de lavado de dinero ligada al narcotráfico, con operaciones millonarias en el país.
Miky López, procesado en la jurisdicción de La Vega, ha sido vinculado al narcotraficante Pablo Martínez y fue deportado desde los Estados Unidos en 2016.
Además, en el expediente también figuran como coimputados los hijos de la pareja, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, junto a Ada María Pilarte y José Antonio Román.
La decisión de la SCJ sella el destino judicial de la exlegisladora y constituye uno de los casos de mayor impacto por lavado de activos en la política dominicana.
