SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este sábado que, a través de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), desarticuló una red que se dedicaba a robar, a través de medios digitales, información personal y/o financiera mediante ciberataques conocidos como ‘phishing’ y la publicidad engañosa relacionada con los programas de ayuda social del Gobierno dominicano.
Dipowel Medina Santana, de 28 años, fue apresado y acusado de ser el cabecilla de estos delitos, en una operación en la que participaron el Departamento Nacional de Investigación (DNI), la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) y la Policía Nacional.
Aunque la investigación continúa abierta, la Pedatec adelantó que Medina Santana y sus colaboradores utilizaron las identidades de varias personas, incluyendo familiares y amigos cercanos, para operar la red criminal, adquiriendo decenas de dominios (o direcciones web) en internet con nombres que simulaban estar vinculados a las instituciones estatales de subsidios sociales.
BUSCABAN DIRECCIONES EN REDES SOCIALES
Además, la investigación reveló que el imputado y sus colaboradores contaban con perfiles en distintas redes sociales de estas direcciones web con una identidad visual y textos engañosos que simulaban ser parte de los programas sociales del Estado, desde donde inducían a los visitantes a completar formularios con su información personal.
De momento, se continúa investigando si estas páginas tenían configurado algún método de monetización digital dentro de su código fuente para obtener beneficios económicos por las visitas recibidas.
El arresto de Medina Santana se efectuó tras un allanamiento a su residencia en el que se ocuparon varios equipos electrónicos que el imputado utilizaba para crear las páginas fraudulentas de internet y la publicidad engañosa.
PROCURADURÍA REITERA COMPROMISO
La Procuraduría General de la República reiteró su compromiso de perseguir y desmantelar las redes delictivas que utilizan medios tecnológicos para defraudar a la población, en especial cuando afectan directamente a los sectores más vulnerables y comprometen la reputación de las instituciones públicas.
