Asociación Bancas Deportivas rechaza proyecto juegos de azar

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Asociación Bancas Deportivas rechaza proyecto juegos de azar

Ricardo Nadal, presidente de la Asociación de Bancas Deportivas, dijo este 3 de agosto que la iniciativa no cumple el propósito para el cual fue creada.

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Asociación de Bancas Deportivas, Ricardo Nadal, opinó que el proyecto de ley sobre juegos de azar que estudia el Congreso no cumple con el objetivo de ordenar y fiscalizar el sector, sino que favorecería a un grupo de empresas vinculadas a las bancas de lotería y agencias hípicas.

Durante un encuentro con la prensa, Nadal solicitó al presidente Luis Abinader revisar la iniciativa, al considerar que el proyecto aprobado difiere de la propuesta original que contemplaba la creación de una Dirección Nacional de Juegos de Azar para fortalecer la regulación de la actividad.

CUESTIONA EXPANSIÓN DE BANCAS Y AGENCIAS

El dirigente sostuvo que las bancas deportivas cuentan con 1,849 establecimientos en el país, mientras que las bancas de lotería superan las 150 mil y las agencias hípicas rondan los 70 mil puntos de operación, muchos de ellos ofreciendo apuestas deportivas y juegos virtuales.

Aseguró que esa expansión ha permitido la instalación de negocios cerca de escuelas, hospitales y otros espacios públicos.

También destacó que la disposición que mantiene una distancia mínima de 500 metros entre bancas deportivas fue restablecida durante la discusión legislativa tras gestiones realizadas ante la Cámara de Diputados.

ACCIONES LEGALES Y PREOCUPACIÓN FISCAL

Nadal afirmó que una banca deportiva aporta alrededor de RD$100,000 mensuales en tributos, mientras que las bancas de lotería pagan cerca de RD$7,000, situación que, según dijo, genera una competencia desigual y reduce los ingresos del Estado.

Asimismo, cuestionó la emisión de licencias para agencias hípicas destinadas a operar juegos virtuales, alegando que la Comisión Hípica Nacional carece de facultad legal para otorgarlas.

Informó que la asociación presentó recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar esas autorizaciones y solicitar la derogación del decreto que, según sostiene, permitió su emisión.

Por ALI NUÑEZ


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