El código entra a prueba
Con la aplicación de la Ley 74-25 y las reformas de la Ley 44-26, República Dominicana dejó atrás el Código Penal de 1884. La nueva norma entró en vigor, no como una obra perfecta sino como una herramienta necesaria y que ahora deberá demostrar su utilidad y su compatibilidad con la Constitución.
El nuevo texto incorpora los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, humanidad y resocialización; reconoce más de 70 figuras jurídicas antes ausentes y responde al feminicidio, al sicariato, el ciberacoso, las estafas piramidales, los ataques con sustancias corrosivas entre otras formas contemporáneas de criminalidad.
Aunque también conserva motivos de preocupación como los mínimos penales elevados, las condenas de hasta 40 años y cúmulos que pueden alcanzar 60. Nuestra Constitución ordena que la prisión debe orientarse hacia la reinserción social, por tanto, la severidad, aunque necesaria, no debería convertirse en una cadena perpetua de hecho.
Sin embargo, promulgar el Código Penal fue el mal menor ya que mantener una legislación anacrónica, aplazar otra vez una reforma discutida durante décadas o dejar entrar el texto sin las correcciones finales, era peor. A partir de ahora los hechos se juzgarán con la 74-25 y los que ya estaban judicializados conservarán el régimen previo, salvo que la nueva norma resulte más favorable.
La Comisión de Seguimiento, creada mediante el decreto 507-26 y presidida por Milton Ray Guevara, adquiere una especial importancia ya que debe socializar el Código, escuchar a la ciudadanía, observar su aplicación y, sin pretender sustituir a jueces, fiscales, Congreso ni al Tribunal Constitucional, recomendar correcciones.
La misión – y el reto- será aplicarlo con firmeza, prudencia, pedagogía y vigilancia constitucional.
