Dealers Lideran Sanciones por Lavado de Activos en RD

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Dealers Lideran Sanciones por Lavado de Activos en RD
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SANTO DOMINGO. — La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha revelado que los comercializadores de vehículos, conocidos como ‘dealers’, constituyen el sector más sancionado en República Dominicana por incumplimientos a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Desde 2021, la DGII ha impuesto multas que oscilan entre los 300,000 pesos y los 13.9 millones de pesos, acumulando un total de 36.7 millones de pesos en penalidades administrativas firmes.

Multas Millonarias por Incumplimiento de la Ley 155-17

De las 48 resoluciones sancionadoras emitidas por la DGII, ente supervisor de los sujetos obligados no financieros, 36 corresponden a dealers o concesionarios de vehículos. Les siguen nueve empresas constructoras, una de servicios inmobiliarios, una de contabilidad y una persona física vinculada a la joyería. La sanción más cuantiosa, de 13.9 millones de pesos, fue impuesta al propietario de la joyería por “resistencia u obstrucción a la labor inspectora” y por no designar un oficial de cumplimiento ni un órgano de control interno.

Las infracciones más comunes entre los importadores de vehículos son catalogadas como leves, principalmente por el incumplimiento de la obligación de remitir a la DGII la información estadística para análisis de riesgo durante los primeros 15 días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre, lo que conlleva una multa de 300,000 pesos. Sin embargo, firmas como Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer han recibido sanciones mayores por retrasos en la entrega de información, incumplimiento en la identificación de riesgos de clientes y operaciones, y por no adoptar medidas correctoras recomendadas.

En el sector de la construcción, las penalidades se deben a la falta de designación de un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la omisión de informar a la DGII sobre dicho oficial, y el retraso en la entrega de la información requerida, todas consideradas infracciones leves. Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades dominicanas en fortalecer la transparencia y combatir el lavado de activos en diversos sectores económicos.

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