EEUU eleva a US$50 millones la recompensa de Nicolás Maduro

WASHINGTON.- Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves una recompensa de 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, elevando así la cifra de 25 millones de dólares (algo más de 21 millones de euros) anunciada a principios de este año.

«Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro», ha anunciado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, en el que ha asegurado que «bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes».

Washington ha justificado esta decisión, según las palabras de la fiscal, porque «hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio» dirigente venezolano, mientras que su cartera «ha incautado más de 700 millones de dólares (casi 600 millones de euros) en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más».

Las autoridades estadounidenses consideran por ello a Maduro como «uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional» y lo acusan de emplear bandas criminales como «Tren de Aragua, Sinaloa y el Cartel de los Hijos –designadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos– para introducir drogas letales y violencia en» el país norteamericano.

En enero de este año, el Gobierno estadounidense –aún en manos del demócrata Joe Biden– elevó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que faciliten la detención o condena de Maduro, dentro de un paquete de medidas y sanciones por lo que Washington denunció como una «investidura ilegítima» tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, consideradas como fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.