Ignorar Principios Económicos: Costo Oculto en Políticas Públicas
SANTO DOMINGO. — La ignorancia de los principios económicos fundamentales, como la escasez de recursos frente a necesidades ilimitadas, está generando costos significativos y consecuencias no previstas en la formulación de políticas públicas en la República Dominicana. Expertos advierten que esta desatención, motivada a menudo por incentivos políticos de popularidad, conduce a desafíos en las finanzas públicas y a una potencial «fatiga democrática» al prometer derechos sin considerar su viabilidad económica.
La Realidad Ineludible de la Escasez
La economía, apodada la «ciencia lúgubre», subraya que la realidad se impone sobre los deseos. Principios como la escasez, la importancia de los incentivos, el costo de oportunidad en cada decisión, la valoración subjetiva y la dispersión del conocimiento son pilares que, al ser ignorados, derivan en políticas públicas con efectos adversos. La «primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía», una máxima que resuena en la toma de decisiones gubernamentales donde la búsqueda de popularidad a menudo eclipsa la prudencia fiscal.
En el contexto dominicano, y a propósito del reciente Día de la Constitución, se destaca la preocupación por los llamados derechos de segunda y tercera generación. Constitucionalistas como Josu de Miguel Bárcena han señalado que estos derechos, al no ser gratuitos y requerir financiación con recursos escasos, pueden generar «estados de excepción financiera» cuando la economía no pueda satisfacerlos, llevando a una «fatiga democrática». La demanda creciente de servicios públicos amparados constitucionalmente sin un anclaje en la realidad económica crea una brecha entre lo deseado y lo posible, impactando directamente las finanzas públicas del país.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) enfatiza la necesidad de una mayor educación económica desde temprana edad para fomentar un razonamiento basado en la realidad. Se propone incluso la inclusión de «candados económicos» en la Carta Magna que limiten aquellas disposiciones que no consideren el principio de escasez, buscando así evitar errores en políticas públicas y asegurar resultados más sostenibles para la nación.
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