Justicia de Honduras envía a tribunal ordinario el caso contra Juan Orlando Hernández por lavado y fraude
Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño.
TEGUCIGALPA.– La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en un tribunal ordinario el proceso penal por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude, descartando que el caso sea conocido por la Corte Suprema de Justicia, como había solicitado su defensa.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que además autorizó que el exmandatario continúe el proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Entre las disposiciones impuestas figuran la prohibición de salir del país, la obligación de permanecer bajo la supervisión de su equipo de abogados, que deberá presentar informes semanales sobre su situación, y la prestación de una caución juratoria. El tribunal rechazó, sin embargo, la petición del Ministerio Público de ordenar prisión preventiva por considerar que existía riesgo de fuga.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de julio, luego de haber sido extraditado a Estados Unidos en 2022. Allí fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, aunque posteriormente recibió un indulto otorgado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La resolución judicial también confirmó que el caso continuará en el Juzgado de Criminalidad Organizada, después de que fuera rechazado el recurso presentado por la defensa del exgobernante para que el proceso permaneciera en la Corte Suprema. El magistrado que inicialmente conocía el expediente se había declarado incompetente para seguir con la causa.
La audiencia inicial fue fijada para el próximo 12 de agosto, cuando el tribunal determinará si existen elementos suficientes para abrir juicio por los delitos imputados por la Fiscalía.
Mientras se desarrollaba la audiencia, decenas de simpatizantes del exmandatario se concentraron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia para expresarle su respaldo.
El Ministerio Público acusa a Hernández, de 57 años, de haber participado en un presunto esquema de fraude y lavado de dinero relacionado con el desvío de aproximadamente 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, período en el que presidía el Congreso Nacional. Según la acusación, esos recursos habrían sido utilizados para financiar su campaña presidencial de 2013.
En el mismo expediente también fue investigado el expresidente Porfirio Lobo, quien obtuvo un sobreseimiento definitivo, además de varios exdiputados, empresarios y particulares señalados por el Ministerio Público.
