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viernes, julio 12, 2024
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Miriam Germán considera prisión preventiva debe ser excepcional

SANTO DOMINGO.- La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que es del criterio de que la prisión preventiva debe ser una medida de coerción de excepción y que a su entender hasta casos considerados graves han podido ser llevados aplicándoles a los imputados otro tipo de medidas porque no está presente el peligro de fuga.

Cuando uno de los presentes le preguntó si esa es su posición entonces por qué el Ministerio Público ha impuesto casi como una norma el solicitar prisión como medida de coerción, la procuradora respondió que esa es su norma personal, la cual no ha impuesto y también refirió que los fiscales solo hacen la solicitud, pero que es el juez quien la concede o rechaza. “El Ministerio Público solo puede hacer la solicitud, pero es el juez el que determina”, explicó.

Señaló que la inocencia, más que una presunción, es un estado que debe prevalecer hasta que al final del proceso judicial se haya determinado lo contrario, con lo que fortalecía su parecer de la excepcionalidad con la que debe aplicarse la prisión preventiva como medida de coerción.

La máxima funcionaria del Ministerio Público sostuvo un encuentro con un grupo de periodistas y comentaristas, el cual estaba programado desde hace varias semanas y las invitaciones distribuidas desde principio de la semana pasada.

Relación con la prensa

En el encuentro se refirió a su relación con la prensa señalando que respeta la función social del periodismo y el desempeño de sus funciones, haciendo así referencia al impase surgido tras cuestonamientos por parte de periodistas a los acuerdos entre la Procuraduría e imputados en el caso calamar y a la respuesta dada por el órgano judicial.

Libertad de expresión

La magistrada ofreció garantías de que durante una gestión de Miriam Germán nunca se actuaría contra la libertad de expresión. Asimismo, dijo que sin embargo está en contra de que se use la palabra sin el debido rigor para difamar o dañar reputaciones de personas o instituciones.

Sin embargo, manifestó que aunque los funcionarios públicos están sometidos a un escrutinio mayor que otros ciudadanos, eso no implica afectar su honor o su intimidad.

El presidente Luis Abinader designó a Miriam Germán en agosto de 2020 al
asumir el cargo

Para reforzar su respaldo a la libertad de prensa, refirió que en el pasado ella misma fue víctima de espionaje y hasta de intervención ilícita de su telefóno, lo cual fue solicitado a un juez utilizando un nombre falso ligándolo con su número telefónico.

Señaló que hasta era fotografiada en lugares públicos como una librería, donde estaba mirando libros junto a otras personas. Miriam Germán también defendió los acuerdos judiciales mediante los cuales se aplican criterios de oportunidad que sacan del proceso a colaboradores o informantes que permiten obtener recursos probatorios contra los principales actores de casos como los de corrupción o crimen organizado.

Al referirse a la posibilidad de continuar al frente del Ministerio Público, dijo que ella ya tiene como una decisión tomada que dejará la Procuraduría General de la República.

En su interación con los invitados al encuentro, con ejecutivos periodísticos y comentaristas de radio y televisión, abordó de manera escueta temas como la reforma constitucional, para hacer cambios en la forma de designación del Ministerio Público, señalando que en términos personales favorece un modelo diferente que el actual en que es una decisión exclusiva del Presidente de la República.

Germán Señaló que opina eso pese a que durante su gestión nunca ha recibido instrucciones ni cuestionamientos por parte del presidente Luis Abinader, que le ha dado al Ministerio Público libertad e independencia para actuar.

Su salida de la PGR

Hace varios meses que la procuradora había adelantado que este será su último año como procuradora general, por lo que trataba, dentro de las posibilidades de la institución, de mejorar la situación carcelaria del país.

Germán fue designada como procuradora por el presidente Luis Abinader al tomar posesión para su primer mandato, el 16 de agosto del año 2020.
Las acciones contra funcionarios del pasado gobierno empezaron al final de noviembre de 2020.

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