OCDE reconoce avances de República Dominicana en integridad pública y plantea nuevas reformas
SANTO DOMINGO.– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció avances institucionales de la República Dominicana en materia de integridad gubernamental, al tiempo que recomendó fortalecer la protección de denunciantes, la gestión de riesgos y los mecanismos de investigación y sanción.
Las conclusiones forman parte del Estudio de Integridad de la República Dominicana, elaborado en colaboración con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y presentado durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.
La directora de Gobernanza Pública de la OCDE, Elsa Pilichowski, valoró el compromiso asumido por el país y afirmó que la República Dominicana aplica prácticas reconocidas internacionalmente. También destacó la existencia de una base institucional sobre la cual continuar desarrollando la estrategia nacional de integridad.
El estudio identifica avances, riesgos y brechas en el sistema dominicano, además de formular recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
“La verdadera transformación ocurre cuando la integridad deja de ser solamente una obligación y se convierte en una cultura”, expresó el presidente Abinader.
Del diagnóstico a las reformas
Abinader sostuvo que la evaluación permite medir el funcionamiento de las instituciones dominicanas frente a estándares internacionales y utilizar sus conclusiones para impulsar acciones verificables.
El mandatario afirmó que el país entra ahora en una etapa dirigida a pasar del diagnóstico a la acción, de las recomendaciones a las reformas y de estas a resultados comprobables para la ciudadanía.
El análisis de la OCDE aborda la integridad pública desde una perspectiva sistémica que no se limita a prevenir y sancionar la corrupción. También examina la arquitectura institucional, las normas de conducta, la transparencia, los canales de denuncia, los controles y los procesos de toma de decisiones.
La evaluación incluye, además, el papel de la ciudadanía, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y el sector privado en la construcción de una cultura de integridad que abarque al conjunto de la sociedad.
Protección de denunciantes y régimen de sanciones
Entre sus principales recomendaciones, la OCDE propone reforzar la protección de quienes denuncian irregularidades, incorporar criterios de integridad en la gestión de riesgos y robustecer los procedimientos de investigación y sanción.
El organismo también plantea ampliar la participación ciudadana y el control social, de manera que diferentes sectores puedan intervenir más activamente en la vigilancia de la gestión pública y en la formulación de políticas de integridad.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que las recomendaciones deben traducirse en medidas concretas y aseguró que su institución acompañará a la Digeig y a las demás entidades estatales durante el proceso de implementación.
“La integridad no es tarea de una sola institución. Cada institución tiene una tarea. Cada servidor público tiene una responsabilidad”, manifestó Paliza.
Estrategia nacional hasta 2036
La directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, sostuvo que el fortalecimiento de la gobernanza requiere una labor conjunta entre los poderes del Estado y una participación activa de la ciudadanía.
Ortiz Bosch consideró que el acercamiento del país a la OCDE representa una oportunidad para modernizar el Gobierno, ampliar la transparencia y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
La presentación del estudio coincide con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) 2026-2036, concebida como una hoja de ruta para convertir las recomendaciones en objetivos, medidas, responsabilidades e indicadores que permitan evaluar su cumplimiento.
El reconocimiento de los avances no elimina las brechas identificadas por el organismo. La siguiente fase dependerá de la capacidad de las instituciones para implementar las reformas recomendadas y demostrar sus efectos mediante resultados medibles.
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