Por el Reverendo Ricardo Fajardo
NUEVA YORK.- Desde que tengo uso de razón, he entregado mi vida al bienestar de las comunidades en las que me ha tocado trabajar, dedicándome siempre en cuerpo y alma ha compartir un mensaje de esperanza y de superación espiritual y material. La experiencia me ha enseñado que tenemos que fomentar y defender las acciones que promueven la justicia y la equidad. Por eso me preocupa que se intente negar el derecho de los dominicanos del exterior de votar en las elecciones para elegir a sus gobernantes de la República Dominicana.
Cumpliendo mi misión en la ciudad de Nueva York durante los últimos 30 años, he sido testigo de la fidelidad de la comunidad dominicana al desarrollo cívico y material de la República Dominicana, enviando no solo parte de lo poco que se ganan, sino además luchando por el avance de la sociedad en sentido general. No solo por los 7 mil millones que envían cada año para sostener el país, sino por su demostrado interés en mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo y crecimiento del país, los dominicanos del exterior lucharon y lograron adquirir el derecho al voto, y merecen que sea respetado.
He visto con mucha preocupación como, esbozando causas injustificables, ese derecho al voto legítimamente establecido por la constitución del país, ha sido torpedeado por las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) y el gobierno. Hace poco, esas autoridades se agarraron de excusas infundadas para anular las convenciones en la que los partidos escogerían a los candidatos a puestos electivos. Ese fue un muy mal precedente para cercenar un derecho fundamental de los votantes y poner en entredicho la legitimidad del proceso de escogencia de esos representantes.
Actualmente, me parece alarmante que la JCE y el gobierno no dispongan de los recursos establecidos por ley para el ejercicio del voto, y estén usando la pandemia del COVID-19 como excusa para tratar de impedir que los dominicanos de exterior puedan participar de la elección del 5 de julio, donde se escogerán las autoridades que regirán los destinos del país por los próximos cuatro años.
No tengo simpatías por ningún partido político. El único interés que me mueve es el respeto que merece esta comunidad y el derecho que se ha ganado para participar del proceso electoral. Creo que sería un acto extremadamente discriminatorio declarar la de facto muerte cívica de una comunidad que legítimamente se ha ganado el derecho a elegir a sus gobernantes.
Yo puedo decir y demostrar con los hechos, que he asumido con mucha responsabilidad la seriedad de la pandemia del COVID-19, que dicho sea de paso ha causado grandes estragos en la comunidad dominicana. Desde el primer día, he estado en el frente de batalla, canalizando ayuda a través de SOMOS Community Care y otras instituciones, brindando alimentos todos los días a cientos de personas, llevando orientación, y educando a la comunidad en cuanto a la importancia de mantener el distanciamiento social. Sin embargo, no podemos usar la pandemia como excusa para quitarle a la comunidad uno de los derechos fundamentales de una verdadera democracia, de elegir a sus representantes.
La pandemia no es excusa para obstaculizar el ejercicio de votar. De hecho, en el estado de Nueva York, Nueva Jersey y numerosos estados de los Estados Unidos, ya hay pautadas elecciones par elegir a los representantes ante el Congreso y a los asambleístas y senadores estatales. En Nueva York las elecciones estatales son el 23 de junio y en Nueva Jersey el 7 de julio. Ambas elecciones se harán respetando las recomendaciones sanitarias del distanciamiento social. Eso mismo se puede hacer para las elecciones dominicanas del 5 de julio, sobre todo porque las autoridades de Nueva York han declarado que no ven ningún problema con que los dominicanos ejerzan su derecho al voto, siempre y cuando se observen esas normas.
La ausencia de liderazgo que hemos visto durante la pandemia del COVID-19 ha demostrado lo importante que es tener gobernantes capaces y responsables dirigiendo los recursos públicos, y nada es más importante para lograr ese propósito que el libre ejercicio del derecho adquirido del voto.
En el exterior hay mas de 600 mil votantes dominicanos registrados. Obstaculizar su participación en el proceso significa quitarle legitimidad al propósito del pueblo a elegir sus gobernantes.
La Junta Central Electoral y el gobierno dominicano deben asumir su responsabilidad y comenzar a organizar el proceso para permitir a los dominicanos del exterior ejercer su derecho en favor del bienestar de todo el país.
