La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente Jair Bolsonaro incurrió en un delito al divulgar unos informes secretos para desacreditar al sistema electoral del país, pero dejó una posible acusación en manos de la Fiscalía General.
Según un documento remitido este miércoles a la Corte Suprema, que investiga el asunto, la divulgación de esos documentos sobre unos ya desmentidos fraudes en las elecciones de 2018 tuvo como «propósito» la «difusión de información reconocidamente falsa, con repercusión dañosa para la administración pública».
