Tribunal confirma el arresto domiciliario acusado caso Lobo
Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto.
SANTO DOMINGO.– El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional confirmó el arresto domiciliario impuesto a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana y uno de los acusados de integrar la red de sobornos desmantelada mediante la Operación Lobo.
La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público durante una audiencia en la que los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al órgano acusador. El juez Deybi Timoteo Peguero mantuvo la medida de coerción contra Fernández Espinal, quien es procesado junto a otras 13 personas físicas y jurídicas.
De acuerdo con la acusación, la red habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
En la misma audiencia, el tribunal modificó la modalidad de cumplimiento de la garantía económica impuesta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase). La garantía de RD$5 millones, que debía ser pagada en efectivo, podrá ser cubierta mediante contrato.
La fiscal Pichardo explicó que ambos acusados solicitaron la variación de sus medidas, pero que en el caso de Fernández Espinal se mantuvo el arresto domiciliario, mientras que para Rodríguez González solo se modificó la modalidad de pago de la garantía económica.
La representante del Ministerio Público informó además que la audiencia preliminar fue fijada para el 7 de septiembre.
MINISTERIO PUBLICO PRESENTO ACUSACION EN JULIO
En julio pasado, el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitó la apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas a la estructura investigada en la Operación Lobo.
Entre los acusados figuran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste.
También están incluidos Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Entre las personas jurídicas acusadas figuran Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
MAS DE 108 MILLONES DE PESOS EN SOBORNOS
Según el expediente, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, suma que habría sido exigida y recibida por encargados de seguridad institucional de distintas entidades públicas y otros funcionarios acusados.
La investigación fue iniciada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El Ministerio Público sostiene que la investigación permitió identificar una estructura dedicada a defraudar al Estado mediante la manipulación de procesos de contratación y el pago sistemático de sobornos a funcionarios, con el propósito de favorecer a empresas contratistas de servicios de seguridad privada.
De acuerdo con la acusación, Senase habría realizado pagos ilícitos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el objetivo de garantizar la adjudicación y permanencia de sus contratos en diferentes instituciones públicas.
