Veinticinco estados demandan al Gobierno de Trump por nuevos aranceles a las importaciones
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
NUEVA YORK.– Un grupo de 25 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por la reciente imposición de aranceles a las importaciones procedentes de 60 países y economías, al considerar que la medida es ilegal y perjudicará a consumidores y empresas.
La acción judicial fue promovida por los fiscales generales de estados como Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, además de contar con el respaldo de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
En la demanda, los estados sostienen que los nuevos gravámenes fueron impuestos sin cumplir los requisitos establecidos en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos y advierten que la medida provocará un aumento de los costos para hogares y negocios en todo el país.
El litigio surge después de que, en marzo, la Administración iniciara investigaciones comerciales sobre 59 países y la Unión Europea, amparándose en la Sección 301 y argumentando que buscaba examinar presuntas prácticas de trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
Como resultado de esas pesquisas, el Gobierno anunció en julio la aplicación de aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a productos importados desde 60 países y economías, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como Canadá, Japón, el Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Los demandantes aseguran que la Administración utiliza el argumento del trabajo forzoso como pretexto para mantener una política de aranceles generalizados que, a su juicio, no guarda relación con los objetivos previstos en la legislación comercial estadounidense.
Según el escrito presentado ante la justicia, no existe una conexión lógica entre las supuestas irregularidades laborales en las cadenas internacionales de suministro y la imposición de gravámenes a un amplio grupo de países.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las impulsoras de la demanda, afirmó que el Gobierno intenta nuevamente aumentar de forma ilegal los costos para las familias y las empresas mediante una nueva ronda de aranceles, pese al precedente establecido por el Tribunal Supremo.
James recordó que, en febrero, la máxima instancia judicial determinó que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles de manera amplia y discrecional a los países que considere, criterio que, según los demandantes, la actual medida vuelve a contradecir.
