Cámara de Cuentas audita Agricultura bajo supervisión de la PEPCA en medio de denuncias e irregularidades
SANTO DOMINGO.– La Cámara de Cuentas confirmó que realiza una auditoría forense al Ministerio de Agricultura, un proceso que se desarrolla bajo la observación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y que busca determinar la existencia de posibles irregularidades en el manejo de recursos y procedimientos administrativos.
La información fue confirmada por la presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco Melo, quien reveló que los equipos técnicos ya se encuentran ejecutando los trabajos de campo contemplados en el plan de auditorías de la institución.
“Está en el plan de auditoría, se está realizando y, de encontrar indicios de irregularidades, el expediente se remite al Ministerio Público, específicamente a la PEPCA”, afirmó Polanco Melo.
La funcionaria precisó que el organismo actuará únicamente sobre la base de las evidencias que arroje la investigación.
“Hasta que nosotros no tengamos los resultados, no podemos decirte, porque es con la evidencia que damos las informaciones”, sostuvo.
Auditoría se desarrolla en medio de controversias internas
La intervención de la Cámara de Cuentas ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión que encabeza el ministro Oliverio Espaillat, iniciada el pasado 6 de enero.
Entre los temas que han generado preocupación figuran denuncias relacionadas con la emisión de permisos de importación agrícola, un proceso que diversos sectores productivos han señalado como susceptible de generar distorsiones en el mercado y afectar la competencia entre productores.
A esto se suma la crisis institucional provocada por la renuncia simultánea de siete directivos de la entidad, quienes alegaron desacuerdos con decisiones administrativas y denunciaron presiones vinculadas a actuaciones que consideraban improcedentes.
Permisos, obras y ejecución presupuestaria bajo revisión
De acuerdo con las informaciones disponibles, la auditoría abarca áreas consideradas sensibles dentro de la ejecución presupuestaria del ministerio, incluyendo la gestión de licencias de importación, la construcción de caminos interparcelarios y los servicios de roturación de terrenos.
Los auditores buscan establecer si los pagos realizados, las cubicaciones aprobadas y los permisos emitidos guardan correspondencia con la realidad de las obras ejecutadas y con las necesidades del sector agropecuario nacional.
Para ello, se contempla la utilización de herramientas tecnológicas y cruces de información, incluyendo datos de la plataforma Renagro, con el objetivo de verificar la existencia física de proyectos reportados y detectar posibles inconsistencias en los registros administrativos.
Información permanecerá bajo reserva
La Cámara de Cuentas ha clasificado como información reservada la documentación relacionada con esta investigación, medida que se mantendrá vigente hasta el año 2030, conforme a disposiciones adoptadas por el organismo.
La decisión limita el acceso público a los detalles del proceso mientras se desarrollan las labores de fiscalización y análisis técnico.
Renuncias aumentaron la atención sobre la institución
La salida de siete funcionarios de alto nivel elevó la atención pública sobre el Ministerio de Agricultura y generó cuestionamientos acerca de la gestión administrativa de la institución.
Los exdirectivos sostuvieron que enfrentaron presiones para respaldar actuaciones que consideraban irregulares, incluyendo procesos relacionados con la ejecución de obras y contrataciones.
Aunque esas denuncias aún no han sido validadas por las autoridades competentes, forman parte del contexto que rodea la auditoría actualmente en curso.
Posibles implicaciones de la investigación
La participación de la PEPCA en calidad de organismo receptor de eventuales hallazgos sugiere que, de detectarse indicios de conductas ilícitas, el caso podría trascender el ámbito administrativo y derivar en investigaciones de carácter penal.
Por el momento, las autoridades insisten en que el proceso se encuentra en fase de recopilación y evaluación de evidencias, por lo que cualquier conclusión dependerá de los resultados finales de la auditoría.
