CNM elige a Justiniano Montero y refuerza apuesta de Abinader por una justicia independiente

La elección del magistrado de carrera para presidir la Suprema Corte de Justicia conecta con el discurso del presidente Luis Abinader sobre la transparencia, el mérito profesional y el fortalecimiento institucional del sistema judicial dominicano.

SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, escogió este lunes 2 de noviembre al magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante una decisión que, según las informaciones suministradas sobre la sesión, fue adoptada por unanimidad.

La designación coloca al frente del máximo tribunal dominicano a un juez de carrera, con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial, y representa un reconocimiento a la experiencia profesional acumulada en el ejercicio de la función jurisdiccional.

La decisión también adquiere relevancia en el plano institucional, al guardar relación con el discurso sostenido por Luis Abinader durante su gestión sobre la necesidad de fortalecer la independencia judicial, promover la transparencia y consolidar instituciones públicas que funcionen con apego a la Constitución y las leyes.

Aunque corresponde al CNM, como órgano constitucional colegiado, seleccionar a los integrantes y al presidente de la Suprema Corte, la escogencia se produce bajo la conducción de Abinader y constituye un acontecimiento significativo dentro del proceso de renovación institucional desarrollado durante su mandato.

Una decisión vinculada al legado institucional de Abinader

Desde su llegada a la Presidencia en agosto de 2020, Luis Abinader ha presentado la independencia de la justicia como uno de los compromisos centrales de su administración, junto con la lucha contra la corrupción, la transparencia y el respeto a la separación de poderes.

Ese planteamiento ha ocupado un espacio importante en sus discursos sobre institucionalidad democrática y el papel que deben desempeñar los organismos encargados de administrar justicia sin interferencias políticas.

Durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, el mandatario reafirmó públicamente esa posición con una declaración que resume su visión sobre la relación entre el poder político y el sistema judicial:

“La justicia no puede ser un instrumento del poder político. La justicia debe ser un límite del poder”.

La escogencia de Montero, por su condición de magistrado formado dentro de la carrera judicial, puede interpretarse como una decisión coherente con ese compromiso de reconocer la experiencia y las capacidades profesionales dentro del sistema de justicia.

En términos del legado institucional de Abinader, el nombramiento representa un elemento que podría adquirir especial importancia en la evaluación futura de su gestión, al vincular una decisión de alta trascendencia judicial con los principios de independencia y fortalecimiento institucional que ha defendido.

Sin embargo, la consolidación de ese legado dependerá también de la transparencia con que se expliquen las decisiones del CNM y de la capacidad de la nueva dirección de la Suprema Corte para garantizar una justicia independiente, eficiente y accesible.

Transparencia y mérito profesional en el proceso de selección

La elección se enmarca en un proceso de evaluación y renovación judicial desarrollado durante varios meses, que incluyó entrevistas a magistrados en funciones, revisión de expedientes profesionales y vistas públicas con aspirantes a ocupar las posiciones vacantes.

El CNM, presidido por Abinader, estableció un calendario de trabajo y mecanismos de evaluación destinados a examinar las condiciones académicas, la experiencia, la integridad y las competencias de los participantes.

Las vistas públicas permitieron conocer los perfiles de los aspirantes y sus planteamientos sobre los desafíos del sistema judicial, un componente importante para dar mayor apertura y visibilidad al proceso de selección.

La decisión de colocar a un magistrado de carrera al frente de la Suprema Corte también responde al debate sobre la conveniencia de reconocer el mérito y la trayectoria judicial como criterios relevantes para ocupar las posiciones de mayor responsabilidad dentro del sistema.

No obstante, la transparencia del procedimiento requiere igualmente que se conozcan las motivaciones de las decisiones y los criterios aplicados durante las deliberaciones, de manera que la ciudadanía pueda evaluar el funcionamiento del órgano constitucional.

¿Quién es Justiniano Montero Montero?

Justiniano Montero Montero es un magistrado con trayectoria en el Poder Judicial dominicano, donde ha ocupado posiciones de responsabilidad jurisdiccional y administrativa.

Forma parte de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y ha ejercido la presidencia de la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Antes de integrar el alto tribunal, desempeñó responsabilidades relacionadas con la administración y la carrera judicial, incluida la Dirección General de Administración y Carrera Judicial.

En el ámbito académico, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee estudios de posgrado que complementan su preparación jurídica.

Entre ellos figuran una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, cursada en la Universidad del País Vasco, y otra en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, ambas instituciones españolas.

Su experiencia dentro de los tribunales y en la administración judicial constituye una de las características de su perfil profesional, en un momento en que el fortalecimiento de la carrera judicial forma parte de las discusiones sobre la modernización del sistema de justicia.

Montero había sido ratificado por otros siete años

La escogencia de Montero para presidir la Suprema Corte ocurre después de que el propio Consejo Nacional de la Magistratura lo ratificara, el pasado 8 de septiembre, para continuar como juez del alto tribunal durante un nuevo período de siete años.

En aquella sesión también fueron confirmados los magistrados Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

La ratificación se produjo después de las evaluaciones de desempeño realizadas a los jueces cuyos períodos habían concluido, como parte del procedimiento de renovación establecido por las disposiciones constitucionales y legales.

Posteriormente, el CNM continuó las entrevistas a los aspirantes a las seis plazas vacantes y las deliberaciones correspondientes para completar la integración de la Suprema Corte y definir su nueva presidencia.

Una nueva etapa para la Suprema Corte de Justicia

La llegada de Justiniano Montero a la dirección de la Suprema Corte plantea una nueva etapa en la que la independencia judicial, la calidad de las decisiones y la eficiencia institucional seguirán siendo desafíos fundamentales.

Entre las prioridades del sistema figuran la reducción de los tiempos de respuesta, el fortalecimiento de los mecanismos de gestión y la garantía de una justicia accesible, imparcial y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.

Desde una perspectiva institucional, la escogencia de un juez de carrera puede contribuir a fortalecer el reconocimiento de la experiencia acumulada dentro de la judicatura y a destacar la importancia de los mecanismos de formación y evaluación profesional.

Para el presidente Luis Abinader, el proceso representa además un referente de su gestión en materia de justicia, al relacionarse con su compromiso público de que las instituciones actúen con independencia y de que las decisiones de alta responsabilidad respondan a criterios profesionales.

La designación de Montero no constituye por sí sola una garantía de independencia judicial ni una evaluación definitiva del desempeño del CNM, pero sí ofrece un punto de referencia para examinar la coherencia entre el discurso presidencial y las decisiones institucionales adoptadas durante su administración.

Con esta elección, la Suprema Corte de Justicia se encamina hacia una nueva etapa de conducción, mientras el país mantiene la expectativa de que el fortalecimiento de la carrera judicial se traduzca en mayor confianza ciudadana, transparencia y resultados concretos en la administración de justicia.

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