Demandan a Trump por forzar a medio EU cooperar inmigración
WAHINGTON.- Una coalición formada por autoridades de 24 estados de Estados Unidos, así como del capitalino distrito de Columbia, han iniciado este jueves una demanda contra la Administración de Donald Trump por la decisión de supeditar la concesión de miles de millones de dólares en fondos federales para emergencias y desastres naturales a que los estados faciliten listas de votantes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a colaboren con éste en inmigración.
«Una vez más, la Administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales; y una vez más, no saldrán impunes», ha declarado en un comunicado el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, que lidera el grupo de 24 fiscales generales y de los gobernadores de Kentucky, Andy Beshear, y Pennsylvania, Josh Shapiro, ambos demócratas.
En el citado texto, Neronha ha acusado a la Casa Blanca de «utilizar la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes».
Además, ha defendido, «el Congreso asignó estos fondos a los estados para la preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo la lucha contra el terrorismo y los desastres naturales, y el poder ejecutivo no tiene autoridad legal en este asunto».
«Los fondos federales de emergencia no pueden ni serán rehenes de los estados que se resisten legítimamente a los intentos ilegales del Presidente de obligarlos a cumplir. Nos aseguraremos de ello», ha espetado.
ACUSAN A TRUMP DE FORZAR A LOS ESTADOS A COOPERAR EN INMIGRACIÓN
Las condiciones impugnadas en la demanda, expone el comunicado, «obligarían a los estados a modificar sus procedimientos electorales, incluyendo la transmisión al Departamento de Seguridad Nacional de listas de todos los votantes registrados, y a colaborar con este último en la aplicación de la ley federal de inmigración». «También permitirían al DHS cancelar cualquier subvención federal en cualquier momento y por cualquier motivo», agrega.
En concreto, acusan a la Administración Trump de buscar imponer condiciones que «obligarían a los estados a destinar sus escasos recursos policiales a ayudar al DHS en la aplicación de la ley federal de inmigración». «Estas condiciones fueron declaradas ilegales y un juez de distrito las suspendió el año pasado», subraya el texto.
Además, la política en cuestión incluye una cláusula por la cual Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) podrían «retener el 20% de los fondos estatales para la lucha contra el terrorismo si los estados no modifican su legislación electoral para ajustarla a los objetivos políticos de la Administración», aquejan las autoridades demandantes.
En concreto, «los fiscales generales afirman que estos requisitos obligarían a los estados a abandonar años de trabajo y millones de dólares invertidos en sus sistemas electorales, todo ello para obtener fondos no relacionados que el Congreso había destinado a la prevención de atentados terroristas», destaca el documento.
