El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) yerra al emitir unas declaraciones donde califica de «show mediático del gobierno» las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público (MP) contra el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y encargado de la escolta del expresidente Danilo Medina, mayor general del Ejército, Adams Cáceres Silvestre y cuatro allegados.
El sometimiento a Cáceres, la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez, los acusa de alegada estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Imputaciones delicadas que deberán ser conocidas en las instancias penales correspondientes y donde el llamado del PLD debió ser únicamente al cumplimiento de la tutela judicial, que sean respetados los derechos procesales de los encartados, y esperar a que la causa se exprese a favor o en contra.
O es que olvida el PLD, cuna de muy buenos juristas, que ya hoy el gobierno no tiene nada que ver con el MP; que su titular Miriam Germán no responde al oficialismo o que la mayoría (por no decir casi todos) de los fiscales y los jueces actuales fueron designados por las anteriores autoridades (por ellos). Entonces, ¿quién está persiguiendo a quien?
Las responsabilidades son individuales y reaccionar de esa manera cuando si siquiera se conocían los detalles de la cintila probatoria de las medidas de coerción, fue un desacierto precipitado, absurdo y desafortunado.
