La autoridad miope
La sentencia 0030-01-2026-SSMC-OO 126 del Tribunal Superior Administrativo, el pasado 7 de agosto, rechazando la medida cautelar con la que algunas juntas de vecinos pretendían suspender la licencia ambiental del proyecto de la planta de revalorización de residuos en La Cuaba, Pedro Brand, coloca el debate en su verdadera dimensión.
El fallo dice que el Ministerio de Medio Ambiente (Mimarena) reafirma que la licencia fue otorgada después de la realización de estudios, evaluaciones e informes técnicos, señalando, además, que no se demostró un daño cierto, actual e inminente que justificara detener provisionalmente el proyecto.
Así las cosas, el problema ya deja de ser una competencia de consignas, de miedos inducidos, estridencias o de manipulaciones interesadas y pasa de lo ambiental a lo institucional porque si el Estado exige estudios, valida procedimientos y otorga permisos para luego permitir que grupúsculos de presión bloqueen lo que la ley no ha detenido, entonces la seguridad jurídica se debilita.
Porque una cosa es protestar pero otra, aberrantemente diferente, es invadir una propiedad privada, desconocer una licencia otorgada por el propio Mimarena -que no ha sido suspendida por un tribunal- y para colmo, que la Policía Nacional esté protegiendo a los invasores mientras le niega la entrada y la fuerza pública a los que sí tienen derechos adquiridos sobre esos terrenos.
La autoridad no puede seguir siendo miope ante lo que está pasando con la empresa Oakhouse en La Cuaba. El imperio de la ley tiene que prevalecer por encima del ruido y el Gobierno debe garantizar la ejecución de un proyecto que él mismo aprobó y que la justicia acaba de validar.
