La Cuaba: seguridad jurídica y PN
En el debate sobre la instalación de una planta de revalorización de residuos en La Cuaba, Pedro Brand, hay un tema ambiental pero también uno institucional y otro de seguridad jurídica.
Esto porque cuando el Estado promueve infraestructuras modernas para sustituir vertederos improvisados, exige estudios ambientales, permisos y la compra de terrenos, pero luego se paraliza ante el ruido mediático, el mensaje que se envía a la inversión es preocupante.
Y es que el Estado no puede negarse a sí mismo y si una autoridad aprueba conforme a la ley, esa decisión debe respetarse mientras no sea revocada por un procedimiento formal, motivado y técnicamente sustentado.
Pero igual de grave resulta que, existiendo mandatos judiciales para otorgar fuerza pública frente a ocupaciones ilegales de terrenos privados, la Policía Nacional (PN) se resista a acatarlas mandando una peligrosa señal de debilitamiento al principio de autoridad y al respeto a las decisiones de los tribunales.
La inquietud comunitaria es válida porque nadie quiere contaminación ni otro Duquesa. Pero la invasión a la propiedad privada no puede disfrazarse de reclamo social, y un mandato legal no puede quedar sometido al cálculo político ni al temor al escándalo.
En un Estado de derecho, máxime encabezado por un civilista como el presidente Luis Abinader, el escrutinio social es bien sagrado que reclama transparencia, monitoreo, legalidad y veeduría, pero otra cosa, muy diferente e inaceptable, es convertir la presión o las vías de hecho en poder de veto, porque gobernar no es ceder ante el grupo que grite más duro. Gobernar es decidir con ley, evidencia y sentido de nación.
