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martes, febrero 7, 2023
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Muy oportuna

Hizo bien el gobierno en aclarar algunos puntos del proyecto de ley sobre Fideicomiso Público, aprobado por el Senado y pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, convertido en tema de debate luego de los cuestionamientos que la oposición hiciera a la pieza.

Al dar garantías de que el proyecto cumplirá con Ley de Compras y Contrataciones (340-06), se indica que tendrá supervisión de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. También de las Superintendencias de Bancos y de Valores, asegurando el acceso a la Ley 200-04 de Información Pública.

Puntualizaciones importantes y tranquilizadoras que reiteran el compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el respeto al bien público, que ha sido, como lo prometiera en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto del 2020, el principal estandarte del presidente Luis Abinader.

El fideicomiso como herramienta económica es de vital importancia para la productividad y el crecimiento del Estado, pero aunque se ha venido utilizando en algunas ocasiones, el país no cuenta con una legislación para este tipo de contratos en materia pública.

Todos los sectores están de acuerdo en la necesidad del fideicomiso como figura y del compromiso de evitar que caigamos en trampas onerosas como la de la mal recordada Autopista del Nordeste y su peaje sombra, donde por años se dilapidaron miles de millones de pesos todavía sin responsables, culpables, ni presos.

De ahí la importancia de que lo que se plasme en la ley esté suficientemente claro y que no deje ningún espacio a dudas tanto en lo que se pretende buscar, como en lo que se quiere evitar.

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