Rechaza propuesta FP posponer entrada en vigor Código Penal
Ricardo De los Santos.
SANTO DOMINGO.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, rechazó la propuesta del partido Fuerza del Pueblo (FP) de aplazar la entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto.
El legislador consideró que el sistema de justicia dominicano necesita con urgencia las herramientas legales que incorpora la nueva normativa para enfrentar la criminalidad.
Dijo que, aunque el Congreso Nacional mantiene la disposición de introducir modificaciones en el futuro, no existe justificación para retrasar la aplicación de la ley.
«Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre es perfectible. A futuro, cualquier tipo de modificación que se entienda necesaria se podrá hacer, pero no se puede demorar más la entrada del Código Penal. El 3 de agosto debe entrar en vigor y lo que se pueda revisar más adelante, lo haremos», expresó.
DOTARA DE INSTRUMENTOS DE COMBATE DELINCUENCIA
De los Santos sostuvo que la implementación del nuevo Código Penal dotará a la justicia dominicana de los instrumentos necesarios para combatir con mayor eficacia la delincuencia organizada y sancionar los nuevos tipos penales que contempla la legislación.
«El retraso de este proyecto solo favorecería a la delincuencia y al crimen organizado. Definitivamente, si se busca un país que avance, no se puede dejar a la justicia sin las herramientas para combatir los nuevos tipos penales», manifestó.
DELITOS ACTUALES SON DIFERENTES A LOS ANTIGUOS
Asimismo, destacó que el país enfrenta una realidad delictiva muy distinta a la existente cuando fue concebida la legislación penal vigente, por lo que consideró indispensable actualizar el marco jurídico.
«Lo que se busca es precisamente construir una mejor ciudadanía y una justicia que verdaderamente venga a castigar esos nuevos tipos penales establecidos en esta pieza», agregó.
El presidente del Senado reiteró el compromiso del Congreso con el fortalecimiento del sistema de justicia y aseguró que cualquier ajuste que requiera la legislación podrá ser discutido posteriormente, sin afectar su entrada en vigencia.
