Bajo el título de “Explicarlo”, la semana pasada esta columna abordaba el contrato de fideicomiso a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), donde cuestionábamos que, pese a la importancia y trascendencia de lo involucrado, la población no había sido previa ni adecuadamente edificada en cuanto al tema, concepto, definiciones, términos ni condiciones de lo pretendido.
Así las cosas, y producto de la irresponsabilidad de quienes debieron hacerlo, el Congreso recibió un contrato sin que la población estuviera debidamente enterada del porqué del fideicomiso, los detalles y características de la operación, ni las respuestas a una serie de interrogantes que voces contrarias al gobierno, presentaban para hiperbolizar la alegada intención privatizadora de CTPC.
Pero tampoco sin haberse aprobado otra ley que, a diferencia de la 189-11, que estipula a los privados, aborde los fideicomisos públicos y se decrete su correspondiente reglamento.
El ruido se hizo grande y como los esfuerzos -insuficientes y tardíos- de explicación de algunos funcionarios no han hecho más que encender el tema y aumentar el morbo, solicitábamos al presidente Luis Abinader que, como principal boleta ética y moral del gobierno, entrara a escena para despejar las dudas y aportar las garantías que demandaba la población.
Y ha sido precisa y adecuadamente lo que ha hecho el mandatario, quien, en un ejercicio de madurez, sensatez y prudencia, ha pedido posponer el conocimiento del proyecto para que sea analizado más ampliamente en el Consejo Económico y Social, se optimice y se blinde para que no haya dudas de que CTPC ni las generadoras eléctricas serán enajenadas.
