Desafortunadamente la comunicación audiovisual ha sido invadida por una ola de vulgaridad donde el desenfreno, el irrespeto y la promoción de antivalores crecen de una manera preocupante e indetenible.
Un comportamiento aberrante iniciado a mediados de los años 90 cuando desde la radio fue implementado un estilo cargado de palabras obscenas, irreverencias, difamación y extorsiones donde lo que menos importaba era el respeto a la audiencia, al lenguaje, ni a las buenas costumbres.
La permisividad cómplice de quienes estaban llamados a poner freno al desacato ha hecho que, con la ayuda de la tecnología y la realidad de las plataformas digitales, hoy la situación se haya salido de control y cada vez sean más los delincuentes mediáticos a quienes por cierto les va muy bien económicamente.
Un aliciente escenario para que mucha gente sin la debida formación académica, perfil, comportamiento, dicción, historia ni trayectoria, se establezca bajo el amparo de una interpretación distorsionada del artículo 49 de la Constitución que si bien garantiza el derecho a la libre expresión, no así las formas dañinas en que este se ejerza.
El país no puede seguir permitiendo que lo soez y la degradación sea el bueno y válido ni que personajes sin criterio ni formación sigan dañando la mentalidad colectiva con sus malos ejemplos. Sólo que ya la magnitud del problema no se resuelve con meras resoluciones exhortativas.
Urge sustituir las legislaciones desactualizadas que rigen la materia y crear un marco normativo y regulatorio moderno que garantice la opinión pero que frene y proteja a la sociedad de esta nociva tendencia donde lo que se promueve es precisamente lo malo.
