Abinader promulga “Alertas RD”, un sistema nacional para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader promulgó este miércoles la Ley 25-26, que crea y regula el funcionamiento de “Alertas RD”, el nuevo sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana, con el objetivo de garantizar respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas ante este tipo de situaciones.
La nueva legislación dota al Estado dominicano de un marco jurídico especializado para actuar de manera inmediata frente a casos de desaparición, priorizando la protección de la vida, la dignidad humana y los derechos de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“La activación del sistema deberá realizarse de manera conjunta e inmediata, sin que transcurran más de 24 horas desde el reporte de desaparición o situación de peligro inminente”.
Sistema permitirá difusión masiva y en tiempo real
La ley establece un mecanismo de difusión masiva e inmediata de información sobre personas desaparecidas, integrando en una misma estrategia a instituciones estatales, medios de comunicación, plataformas digitales y organizaciones de la sociedad civil.
El propósito es facilitar la localización de personas mediante la circulación rápida de datos relevantes que permitan ampliar el alcance de las labores de búsqueda y aumentar las posibilidades de respuesta en las primeras horas de una desaparición.
Alertas serán clasificadas según el perfil de la persona desaparecida
La normativa introduce un esquema de alertas especializadas, diseñado para responder de manera más eficiente según las características de la persona reportada como desaparecida.
La Alerta Amber estará destinada exclusivamente a casos de desaparición o sustracción de niños, niñas y adolescentes.
La Alerta Silver se activará para la búsqueda de adultos mayores de 65 años.
Por su parte, la Alerta Azul será utilizada en situaciones que involucren personas con discapacidad física o mental.
Asimismo, la Alerta Rosa estará dirigida a casos relacionados con mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o posibles situaciones de trata de personas.
Policía y Ministerio Público deberán actuar en menos de 24 horas
La ley dispone que la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán evaluar las denuncias y activar conjuntamente las alertas correspondientes en un plazo no mayor de 24 horas.
Las denuncias podrán presentarse tanto de manera presencial como por vía telefónica, con el propósito de agilizar los procedimientos y evitar retrasos que puedan comprometer la efectividad de las búsquedas.
Crean Registro Nacional de Personas Desaparecidas
La legislación también contempla la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada que estará bajo la administración y supervisión de la Policía Nacional.
Este sistema permitirá la interoperabilidad entre distintas instituciones y contará con una plataforma de consulta pública que incluirá información relevante sobre cada caso, como fotografías, descripciones físicas, estatus de búsqueda y otros datos necesarios para colaborar con la localización de las personas reportadas.
Las autoridades deberán garantizar el respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales contenidos en el registro.
Consejo Nacional coordinará la aplicación de la ley
Para dirigir la implementación de la normativa fue creado el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo adscrito al Ministerio de Interior y Policía y presidido por su titular.
La entidad estará integrada por representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 9-1-1, el INDOTEL, el CONANI, el CONAPE, el CONADIS, el COE y el Servicio Nacional de Salud.
“Las alertas emitidas tendrán una vigencia inicial de cinco días calendario, prorrogables por el mismo período cuantas veces resulte necesario”.
Ley contempla sanciones para funcionarios que incumplan protocolos
El nuevo marco legal establece además un régimen de responsabilidad administrativa para los servidores públicos que omitan informar, retrasen actuaciones o dificulten la aplicación de los protocolos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas.
Quienes incumplan estas disposiciones podrán ser sancionados por la comisión de faltas graves conforme a la Ley 41-08 de Función Pública, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de sus actuaciones.
Compromiso con la seguridad y la protección ciudadana
Con la promulgación de la Ley 25-26 y su posterior publicación en la Gaceta Oficial, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, la debida diligencia institucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales de la población.
Las autoridades consideran que la puesta en marcha de “Alertas RD” constituye un paso significativo para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante casos de desaparición y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la búsqueda y localización de personas.
