Decreto 403-26: Gobierno impulsa la transformación digital con nuevo marco para interoperabilidad de datos
SANTO DOMINGO.– El Poder Ejecutivo estableció mediante el Decreto núm. 403-2026 el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, una iniciativa destinada a modernizar el intercambio de información entre las instituciones del Estado y fortalecer la prestación de servicios públicos digitales más ágiles, seguros e integrados.
La normativa crea las bases para un intercambio seguro, estandarizado y trazable de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre los organismos gubernamentales, además de promover una gestión más eficiente de la información bajo custodia del Estado.
Menos burocracia y más eficiencia en los servicios públicos
Entre los principales objetivos del decreto figura la reducción de la burocracia, evitando la duplicidad de documentos y simplificando los trámites para ciudadanos, empresas y servidores públicos.
Asimismo, la iniciativa busca garantizar la calidad de los datos públicos, facilitar la interoperabilidad entre instituciones y promover servicios digitales integrados que permitan una atención más rápida y eficiente.
MAP coordinará la estrategia nacional
El Ministerio de Administración Pública (MAP) será el órgano rector encargado de definir los lineamientos, normas, estándares y protocolos de interoperabilidad y gobernanza de datos.
Además, tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del decreto, definir la arquitectura empresarial de la Administración Pública y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, instancia creada para articular y dar seguimiento a la implementación de este nuevo modelo.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) administrará la Plataforma Única de Interoperabilidad, considerada la infraestructura tecnológica que permitirá el intercambio de datos y documentos electrónicos entre las entidades estatales.
Instituciones deberán compartir información
El decreto establece que las instituciones públicas deberán priorizar el intercambio de información para evitar solicitar a ciudadanos y empresas documentos que ya reposen en otra dependencia del Estado.
Además, cada organismo estará obligado a mantener actualizados sus registros de datos, garantizando la disponibilidad, calidad y aprovechamiento de la información, sin perder la responsabilidad sobre los datos que administra.
Las disposiciones serán obligatorias para los organismos de la Administración Pública central, descentralizada, autónoma, desconcentrada, instituciones de la seguridad social y demás entidades estatales que gestionen registros o plataformas digitales.
Validación de identidad con la Junta Central Electoral
Uno de los aspectos más relevantes del decreto dispone que todos los procesos y servicios públicos que requieran verificar la identidad de los ciudadanos deberán desarrollarse en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), respetando sus atribuciones constitucionales.
El MAP trabajará junto a la JCE para establecer mecanismos que permitan validar la información del Registro Civil mediante procesos interoperables, fortaleciendo la confiabilidad de los servicios digitales del Estado.
«Toda información obtenida mediante interoperabilidad con el Registro Civil sólo podrá utilizarse para fines legítimos, previamente determinados y compatibles con las competencias de la institución solicitante», establece el decreto.
La normativa también refuerza la protección de los datos personales y la confianza en los servicios digitales gubernamentales, al tiempo que deroga el Decreto núm. 92-22, vigente desde febrero de 2022, para dar paso a un modelo más amplio y actualizado de interoperabilidad estatal.
