CONEP rechaza Ley de Residuos Sólidos: “Lo que empieza mal termina mal”

SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, reiteró su rechazo a la reforma de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada por el Congreso Nacional, al considerar que fue impulsada de manera acelerada y sin el debido consenso.

Manifestó que esta reforma, que tiene el objetivo de aumentar los pagos que realizan las empresas por la recogida, procesamiento y valorización de los residuos, ha sido manejada de forma incorrecta desde sus inicios, por lo que se ha desembocado en una legislación con graves deficiencias.

“Ese proyecto de ley, con todas sus variaciones, se ha manejado muy mal. Entendemos que es un grave error que esperamos que no tenga más consecuencias… Pero como dice el dicho: lo que empieza mal termina mal. Esa ley empezó con un madrugón a principio de enero, donde, sorpresivamente sin nadie estarlo esperando, sin haber consensuado nada ni justificado, de buenas a primeras se aumentaba prácticamente ocho veces la recaudación de esa ley”, expuso.

Celso Juan Marranzini realizó estas declaraciones durante una entrevista concedida en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Recordó que la iniciativa comenzó con una aprobación sorpresiva a principios de enero, sin consultas previas, sin justificación técnica y sin acuerdos con los sectores involucrados, que planteaba un incremento de casi ocho veces en la recaudación de la ley.

“La ley original en el 2025 recaudaba casi 3,000 millones y la que aprobaron en enero recaudaba casi 30,000 millones. Pero la tarifa máxima pasaba de 260,000 pesos a 10 millones de pesos. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo detectó esa aberración y la ley se observó, y, de hecho, nunca había visto que una ley se observara con tantos artículos”, comentó.

Precisó que la versión original de la legislación recaudaba cerca de 3,000 millones de pesos al año, mientras que la reforma aprobada en enero elevaba esa cifra a casi 30,000 millones, ya que la tarifa máxima pasaba de 260,000 pesos a 10 millones de pesos.

Mencionó que el país aún enfrenta los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto entre Estados Unidos e Israel frente a Irán y que, hace apenas unas semanas, se aprobó un paquete de medidas fiscales consensuadas que incluía mecanismos de alivio para las pymes. En ese sentido, consideró contradictorio que se impulsaran nuevos incrementos en las tarifas establecidas por la ley.

“Lo que empieza mal, termina mal y esto es parte de ese desenlace. Se observa la ley, pero al observarse vienen reclamos por las pymes, que son justos, porque pasar de una a tres en algunas tarifas, en un momento adverso, porque todavía estamos bajo los efectos de la crisis en Irán, donde hace tres semanas se pasa un paquete fiscal; afortunadamente, hay medidas de alivio para las pymes. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza que es el momento adecuado para aumentar lo que el Poder Ejecutivo había dictaminado con las observaciones de la ley?”, comentó.

El presidente del CONEP calificó la aprobación de la reforma como un precedente negativo que deteriora la confianza en las instituciones, ya que tanto el fondo como la forma en que se realizó representan un grave error del Congreso Nacional.