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jueves, diciembre 2, 2021
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DGCP suspende registro de proveedores a Kimberly Taveras e inicia investigación

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte.

La entidad confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas.

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La DGCP investigará si las empresas en las que Taveras figura como accionista han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria.

Carlos Pimentel, director de la DGCP, informó que esa institución continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

«Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones», subrayó.

La institución informó que la decisión fue tomada a raíz de la divulgación de una entrevista concedida por la funcionaria al programa “Nuria, investigación periodística”, y que inició una investigación de oficio para establecer los vínculos de las empresas de Taveras.

Esto lo hace amparado en los artículos 71 y 72 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, para identificar si las empresas en las que figura como accionista, han participado en procedimientos de contratación o resultado beneficiadas de alguna compra o contrato público siendo ésta funcionaria pública.

El órgano rector reiteró a los servidores públicos que el artículo 14 de la referida Ley prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado y recordó que mediante la circular DGCP-07-2020, emitida el pasado 26 de agosto, otorgó un plazo de 30 días calendarios, a partir de su emisión, para que los funcionarios incluidos en el régimen de prohibiciones requirieran la suspensión de su RPE para dar cumplimiento a la normativa vigente.

«La DGCP continúa en el proceso de identificación de los funcionarios que aún no han solicitado la suspensión de su RPE para proceder de oficio a su inhabilitación, tal y como ordena la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Estamos comprometidos a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar los conflictos de interés en los procesos de contrataciones», subrayó el director de la DGCP, Carlos Pimentel.

La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.

Taveras ha sido tendencia en las redes sociales luego de que la periodista Nuria Piera difundiera un reportaje en el que se cuestiona la procedencia de su fortuna.

La funcionaria, de 33 años, explicó en ese programa que su fortuna de 106 millones de pesos proviene de los negocios que enta­bló con su exesposo Juan Car­los Ventura y de sociedades con su actual pareja, Jheyson Cas­tillo, quien es hijo de la super­intendente de Seguros, Josefa Castillo.

Sin embargo, y conforme el reportaje de Piera, el fuerte de la fortuna de la Ministra son las compras de camiones que al­quila a varios ayuntamientos pa­ra la recogida de basura, entre los de Hato Mayor y Santo Domin­go Este, ambos administrados por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Asimismo, exregidores denunciaron que esos contra­tos fueron frutos del tráfico de influencias debido a que el esposo de Taveras  es considerado co­mo una personalidad bastan­te influyente en ese municipio.

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