Gobierno de Trump señala a estos políticos latinoamericanos por presuntos nexos con el narcotráfico
SANTO DOMINGO.– La política antidrogas impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump ha derivado en una serie de acusaciones judiciales y sanciones contra funcionarios y dirigentes políticos de América Latina, en un esfuerzo por combatir la llamada “narco política” y desmantelar redes vinculadas al tráfico internacional de drogas.
Acusaciones recientes en México
El caso más reciente involucra a autoridades del estado de Sinaloa, en México, donde fiscales federales en Nueva York presentaron cargos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, señalados de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
“Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, indicó la Administración de Control de Drogas (DEA).
Según la acusación, Rocha Moya habría obtenido respaldo electoral de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, comprometiéndose supuestamente a facilitar sus operaciones a cambio de apoyo político.
Entre los implicados también figuran:
• Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, acusado de recibir pagos mensuales para proteger miembros del cartel e informar sobre operativos policiales.
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante policial, señalado de colaborar con el grupo criminal, incluso en secuestros y asesinatos.
“Millan presuntamente ayudó a secuestrar, torturar y asesinar a una fuente confidencial de la DEA”, detalla el expediente.
Otros funcionarios acusados incluyen:
• Enrique Inzunza Cazárez, senador mexicano
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
• José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), exsubdirector policial
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
• Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), exjefe policial
• Marco Antonio Almanza Avilés, exfuncionario de investigación
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas
Todos enfrentan cargos relacionados con conspiración para tráfico de drogas, uso de armamento ilegal y colaboración con organizaciones criminales.
Señalamientos a jefes de Estado
Las acciones del gobierno estadounidense también han alcanzado a mandatarios latinoamericanos, ampliando el alcance de las acusaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue señalado por autoridades estadounidenses de liderar el llamado Cartel de los Soles, aunque posteriormente algunas de esas imputaciones fueron modificadas en los expedientes judiciales tras su arresto.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue objeto de duras críticas por parte de Trump, quien lo acusó públicamente de permitir el crecimiento del narcotráfico en su país.
“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”, expresó Trump en la red Truth Social.
Tras estas declaraciones, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Petro y figuras cercanas de su entorno, incluyendo a su esposa y altos funcionarios del gobierno colombiano.
Contexto de la ofensiva estadounidense
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington para frenar el flujo de sustancias ilícitas hacia su territorio, especialmente el fentanilo, cuya expansión ha sido catalogada como una crisis de salud pública.
El enfoque incluye procesos judiciales extraterritoriales, sanciones económicas y presión diplomática, lo que ha generado tensiones con varios países de la región y reavivado el debate sobre la soberanía y la cooperación internacional en materia de seguridad.
A pesar de la contundencia de las acusaciones, muchos de los señalados han rechazado los cargos, calificándolos de infundados o con motivaciones políticas, mientras los casos continúan su curso en tribunales estadounidenses.
