SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró este miércoles su reclamo al Gobierno, para que sea retirado del Senado y se realicen las modificaciones necesarias al contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, porque carece de controles que permitan al Estado proteger su patrimonio y el interés público.
El documento, de unas cinco páginas, precisa que el principal problema que tiene el contrato en su forma actual es que implica una pérdida de control inusitada del Estado sobre este bien estratégico para el bienestar del pueblo dominicano.
“Aunque el fideicomiso está permitido y regulado por la Ley 189-11, la figura del fideicomiso público no se encuentra entre las figuras previstas. Esto hace que no exista en el país un marco jurídico adecuado para este tipo de fideicomisos. La naturaleza de los bienes involucrados, así como de los mecanismos de control constitucionales y legales que los protegen, requieren de una claridad jurídica que la ley no provee”.
“Esto requiere la aprobación de otro contrato de fideicomiso, pero el ejercicio de dar por terminada la relación con la fiduciaria propiedad del Estado no la requiere”.
El esquema del propuesto contrato de Fideicomiso de Punta Catalina tiene consecuencia que el PLD enumera:
a) Permite una gerencia de CTPC por un órgano que se crea sus propias reglas, compuesto por personas privadas ajenas a los controles a que se someten los funcionarios públicos y que, además, crea su propio régimen reglamentario;
b) Otorga al fideicomiso gran capacidad de endeudamiento sin control a cargo del patrimonio público;
c) Dificulta que la gestión de CTPC sea objeto de solicitudes de libre acceso a la información según lo previsto en la Ley 200-04;
d) Designa un auditor externo cuya labor puede interferir con la de la Cámara de Cuentas;
e) Se disminuye la capacidad del Estado de gestionar la intervención de la planta en el mercado eléctrico.
Dice también que no se sabe si existe un análisis económico que demuestre la utilidad o conveniencia del complicado esquema gerencial previsto en el contrato de fideicomiso propuesto.
Concluye apuntando que sólo se presentaron algunos de los problemas que presenta el contrato propuesto y en vías de aprobación. Sin embargo, son suficientes para dejar claro que se trata de un contrato carente de controles que permitan al Estado proteger su patrimonio ni el interés público.
“En consecuencia, el Poder Ejecutivo debe retirarlo del Senado de la República y realizar las modificaciones necesarias para que sea un contrato que ponga por encima de todo el interés del pueblo dominicano”.
