Un sector público privatizado
Un sistema público de salud que es un rehén de una medicina curativa cada vez más privatizada y mercantilizada, y que en casi su totalidad está dirigido por médicos públicos con fuertes intereses privados
25 años después, la falta de una evaluación exhaustiva sobre el impacto social del Seguro Familiar de Salud (SFS) genera mucha confusión en la opinión pública y en la población. A ello se agrega la complejidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y la ausencia de información y orientación oportunas a los afiliados.
Una evaluación objetiva del SFS revelaría la existencia de una incompatibilidad estructural que frena su avance hacia una cobertura universal que minimice el gasto familiar de bolsillo. Estamos ante la paradoja de un sistema público de salud cada vez más dominado por la medicina privada lucrativa.
Debido a las tradicionales deficiencias públicas y al alto predominio de la medicina privada, la Ley 87-01 estableció una administración y provisión pública y privada, mixta. Creó el Seguro Familiar de Salud (SFS) para garantizar el acceso regular al cuidado sanitario especializando recursos para la atención primaria.
En adición, les otorgó a los afiliados el poder de asignar los recursos mediante la libre elección de las ARS y las PSS de acuerdo a sus preferencias. Creó la administración del riesgo (ARS) para evitar los fraudes, la sobrefacturación y la prescripción innecesaria de servicios, entre otras reformas importantes.
Por ser obligatorio y por su naturaleza social y universal, reservó exclusivamente al Estado la responsabilidad inalienable de la dirección, habilitación y regulación. La participación privada está sujeta a las políticas públicas basadas en la promoción de la equidad y en una asignación de los recursos con criterio social que garantice la eficiencia y eficacia.
Pero las minorías incrustadas en el propio Estado han bloqueado las reformas consignadas en la Ley de Seguridad Social, manteniendo una atención curativa, costosa y excluyente, privatizando el SFS. Mientras la red pública no eleve su capacidad resolutiva no existirá equilibrio financiero y el gran perdedor seguirá siendo el afiliado condenado a un elevado gasto familiar de bolsillo.
Un sistema de salud que en casi su totalidad está dirigido por médicos públicos con fuertes intereses privados. Un sistema que, lejos de reducir el afán de lucro, lo incentiva mediante sus tradicionales deficiencias y la ausencia de regulación efectiva. Falencias que reducen el derecho a la salud a una simple mercancía sujeta a la lógica del mercado.
En la práctica, el sistema público es un rehén de una medicina curativa cada vez más privatizada y mercantilizada. El SFS ha sido arropado por profundos intereses privados que distorsionan el derecho a la salud, fomentan el afán de lucro y acentúan la inequidad, la ineficiencia y las desigualdades sociales.
Como señala el PLANDES 2030, el 62% de los directores de hospitales públicos son al mismo tiempo, dueños o directores de clínicas privadas, en un claro conflicto de intereses en contra de la medicina pública y social. Cada vez son más los médicos que desde los hospitales se dedican a captar pacientes para ser atendidos en las clínicas privadas.
Estos conflictos de intereses determinan la falta de liderazgo y las debilidades de las instituciones públicas en el cumplimiento de la Ley 42-01 General de Salud. Lejos de priorizar, obstaculizan la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, fomentando una medicina curativa costosa, excluyente y ejercida con criterio de rentabilidad.
Desde hace más de medio siglo, y muy a pesar de las reformas previstas en la Ley 87-01, todavía predomina una práctica que prioriza la medicina rentable, la segmentación de los servicios, la sobreutilización de tecnologías costosas y lucrativas, con notorias exclusiones de las zonas urbanas y rurales de menor poder adquisitivo.
La reforma integral del sistema de seguridad social debe rescatar su contenido eminentemente social garantizando la prevalencia de la solidaridad y equidad social por encima del interés mercurial. Ello supone un mayor liderazgo público mediante la elevación gradual y progresiva de la capacidad resolutiva de la red pública de salud y el otorgamiento a los médicos de incentivos a la dedicación y a la eficiencia.
